Las maniobras del Registro son el resultado de una «alquimia delictiva»

La Cámara 10ª del Crimen de Córdoba dio a conocer ayer los fundamentos del segundo juicio por los fraudes cometidos en el Registro General de la Propiedad, en el que resultaron condenados a prisión los cincos acusados.
Por mayoría, el Tribunal integrado por Juan José Rojas Moresi, Rodolfo Cabanillas y Oscar Iglesias resolvió no unificar las condenas de Daniel Osvaldo Cerdá ni de su esposa, Silvia Barrera, teniendo en cuenta que la primera que les fue aplicada aún no se encuentra firme. En cambio, sí unificó las penas de Natalia Cerdá y Victorio Barrera, quienes no casaron la condena anterior ante el Tribunal Superior.
Del mismo modo que lo hicieron en el primer juicio, los camaristas posicionaron a Daniel Cerdá (condenado a tres años y tres meses de prisión) como el “cerebro” y “ejecutor” de una organización delictiva y, en un grado inferior -aunque con la misma responsabilidad-, a su esposa Silvia Barrera (condenada a tres años).

Párrafo aparte mereció la actitud endilgada al comerciante Roque Sharbel Achad -acusado de apropiarse de un departamento en barrio Alto Alberdi-, quien fue condenado a tres años y seis meses de prisión. Como atenuante, los camaristas, además de considerar que no tenía antecedentes penales, valoraron que éste voluntariamente entregó las llaves del inmueble renunciando a todo reclamo posible por las mejoras realizadas. A pesar de ello, los jueces remarcaron que Achad no necesitaba delinquir para vivir (tenía ingresos por alrededor de $ 6.000 y era propietario de cinco inmuebles) y además, que su accionar le ocasionó al Registro General de la Provincia un “irreparable descrédito” .
A diferencia de Iglesias, que pretendía aplicar al acusado Achad una pena de tres años de ejecución condicional, tanto Rojas Moresi como Cabanillas entendieron que la pena debía ser de cumplimiento efectivo. Ambos expresaron que, si bien Cerdá era el cerebro de la organización, fue Achad quien encargó las falsificaciones y “sin su decisión delictiva inicial no habrían existido los hechos que lo involucran”.

Cuentagotas

Para el tribunal, la megacausa del Registro de la Propiedad es el resultado de una verdadera “alquimia delictiva”. La Cámara 10ª del Crimen recibe a cuentagotas las causas que son elevadas a juicio y cuya sustanciación se ve demorada continuamente con el pedido de beneficio del juicio a prueba que reclaman los abogados defensores de los acusados.
Precisamente, el tercer juicio del Registro se vio postergado semanas atrás cuando los abogados de los cinco imputados reclamaron la probation. El planteo llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que no hizo lugar a ese beneficio y allanó de ese modo la posibilidad de fijar una nueva fecha para la próxima audiencia.
En tanto, para el 30 de este mes está previsto el comienzo de otro debate oral con ocho imputados acusados de apropiarse de un campo de 8.800 hectáreas en la localidad de Los Pozos, y de 136 hectáreas en la localidad serrana de Los Reartes. Este proceso también podría suspenderse si los abogados reclaman la probation.

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