Las expresiones vertidas en un grupo de WhatsApp no constituyen una violación al honor o la reputación, según lo resuelto por la Cámara 7ª en lo Civil y Comercial de Córdoba. La resolución fue dictada por los jueces Jorge Miguel Flores y Rubén Atilio Remigio, quienes rechazaron el recurso de apelación interpuesto por la actora y confirmaron la sentencia de primera instancia que había desestimado la demanda.
M. C. T. había promovido una acción de daños y perjuicios contra G. A. B. y otras personas, argumentando que en un grupo de WhatsApp las demandadas la acusaron falsamente de haber robado una prenda de vestir. La actora sostuvo que tales acusaciones constituían injurias y calumnias que afectaron su honor y reputación. Como prueba, presentó capturas de pantalla certificadas por una escribana, además de un testimonio que consideró clave, en el que una de las demandadas la habría acusado directamente mediante una llamada telefónica.
También alegó que el conflicto le generó un daño psicológico significativo, con una incapacidad del 16.8% según una pericia psicológica, lo que derivó en la necesidad de recibir tratamiento especializado.
Libertad
Las demandadas sostuvieron que sus comentarios se enmarcaban dentro del ejercicio de la libertad de expresión y que las conversaciones habían ocurrido en un grupo privado de WhatsApp, sin que ello constituyera una violación al honor de la actora. Impugnaron la autenticidad y validez de las pruebas presentadas por T., argumentando que las capturas de pantalla y grabaciones no eran suficientes para demostrar que las afirmaciones realizadas hubieran tenido un alcance que afectara su reputación o su vida social. También sostuvieron que la actora no había demostrado que sus derechos al honor e intimidad hubieran sido vulnerados de manera que justificara una compensación económica.
En primera instancia, la demanda fue totalmente rechazada, lo que llevó a T. a interponer un recurso de apelación. En su escrito, reiteró que las conversaciones en el grupo de WhatsApp no debían ser consideradas como privadas y que las acusaciones en su contra afectaron gravemente su honor y salud mental. Además, argumentó que existió un abuso de derechos por parte de las demandadas y que la sentencia de primera instancia no había valorado adecuadamente la gravedad de los hechos.
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