ESCUCHARLa viuda de Sebastián Forza, una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez, quedó detenida ayer en la causa que investiga la llamada mafia de de los medicamentos, en la cual se reclamó además la citación como imputado del ex funcionario nacional Héctor Capaccioli.
Por otra parte, el juez federal Norberto Oyarbide tomó declaración indagatoria al sindicalista bancario Juan José Zanola y a su esposa Paula Aballay, entre otros, de un total de 13 apresados que ya tiene la pesquisa, mientras no se descartan nuevas detenciones.
La viuda de Forza, Solange Bellone, fue detenida ayer a la mañana en el barrio privado Pilar del Este y permanecerá en la Superintendencia de Investigaciones federales hasta ser indagada mañana. La mujer era una de las directoras de la droguería que manejaba su marido, asesinado junto a Damián Ferrón y Leopoldo Bina el 13 de agosto de 2008 en un descampado, crimen aún sin resolver y presumiblemente vinculado a la mafia de los medicamentos.
Según aseguró el fiscal del caso Luis Comparatore a la prensa, la mujer fue detenida por nuevas escuchas telefónicas hechas en la causa, donde se la ubicaría en operaciones dudosas de compra y venta de remedios. “La señora siguió operando en el negocio que tenía su cónyuge”, agregó. Para hoy está prevista la indagatoria del ex subsecretario del Ministerio de Salud bonaerense, Alberto Costa, quien quedó detenido tras presentarse en tribunales imputado por sus vínculos con otro acusado, el dueño de la droguería “San Javier”, Néstor Lorenzo.
Oyarbide ordenó detener también al ex director del Policlínico Bancario, Jorge Fanstein; a María Matilde Ríos, vinculada a la droguería San Javier, y a Fabiana Ataquile, delegada de APE. Por la tarde se presentó y quedó preso el ex gerente de la Obra Social, Claudio Ferrari, informaron fuentes judiciales.
El fiscal federal Luis Comparatore solicitó a Oyarbide que cite a indagatoria como imputado al ex superintendente de Servicios de Salud de la Nación, Héctor Adrián Capaccioli, algo que aún no fue resuelto por el magistrado.
El fiscal del caso sostuvo que, por el cargo que ocupaban, determinados funcionarios “no podrían ignorar lo que estaba sucediendo” con la comercialización de medicamentos adulterados, robados o vencidos para enfermedades graves. En las maniobras se detectaron “entre otros ilícitos, la enajenación de productos de distribución gratuita a través de programas oficiales”, recordó el fiscal. Y “ello, necesariamente involucra a algunos funcionarios que obvio es suponer que no podrían encontrarse al margen o bien ignorar lo que estaba sucediendo, pudiendo constituir el costado estatal del entramado delictivo que se investiga”.
