La viuda de afiliado a una obra social es una consumidora

Lo determinó la Justicia federal de Bahía Blanca al condenar a la mutual a mantener a la mujer entre sus beneficiarias, por aplicación de la norma consumeril

La Cámara Federal de Bahía Blanca revocó una sentencia que denegó a la viuda de un afiliado el mantenimiento de su condición de filiación con la obra social, considerando que por ser cónyuge supérstite, la accionante debía ser catalogada como consumidora

En autos “García, Teresa Mabel c/Osecac s/daños y perjuicios” la Sala I del referido tribunal hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora y declaró la nulidad de la resolución de primera instancia, y la procedencia del beneficio de gratuidad previsto en el artículo 53 in fine de la ley 24240.

La jueza de grado no hizo lugar al beneficio de gratuidad solicitado por la actora por considerar que esa pretensión no encuadra dentro los parámetros establecidos para la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor (LDC).

La actora apeló, sosteniendo que la resolución resultaba arbitraria por no cumplir con los recaudos del artículo 34 inciso 4 CPCCN, en tanto no se encuentra debidamente fundamentada, lo cual afecta el derecho de defensa y criticó que no se haya tenido en cuenta que la normativa cuya aplicación se solicita es de orden público y obligatoria.

Por su parte, el fiscal General dictaminó en favor de revocar la resolución impugnada haciendo referencia al informe técnico remitido a modo de colaboración por el “Programa para la Protección de Usuarios y Consumidores”, en donde luego de efectuar un reseña jurisprudencial y doctrinaria sobre la materia, se propició la aplicación tuitiva de la LDC.

Nulidad

Elevada la causa, la cámara admitió el recurso de apelación y declaró la nulidad de la sentencia de grado, en tanto si bien la a quo expresó que “el presente caso no encuadra dentro los parámetros establecidos para la aplicación de la ley de defensa del consumidor”, se consideró que “dicha conclusión no se encuentra precedida por ningún tipo manifestación respecto del razonamiento o las premisas tenidas en cuenta para arribar a tal decisión”.

“Dicha situación no sólo impide tener dicho pronunciamiento como un resolutorio válido en los términos del art. 3 del CCCN y 34 inc. 4 del CPCCN, por inobservancia del requisito indispensable de fundamentación razonable, sino que además, por violar el derecho de defensa de las partes; en tanto, la no exteriorización de las razones que llevaron a la magistrada a arribar a la citada conclusión, impide el debido ejercicio de tal derecho, tornando nulo el decisorio cuestionado”, sostuvieron los jueces Roberto Amabile y Pablo Candisano Mera .

Informe

Los magistrados evaluaron que, en consonancia con lo dictaminado por el fiscal General, con base en el informe especializado aportado por el “Programa para la Protección de Usuarios y Consumidores”, el vínculo jurídico que unía al difunto marido de la accionante y la obra social es una relación de consumo en la que esta última reviste la calidad de proveedor en los términos del artículo 2 de la LCD y 1093 del procedimiento Civil y Comercial nacional.

Los jueces sostuvieron que no viéndose afectada ni modificada dicha situación por el hecho del fallecimiento del afiliado, toda vez que, si bien la presente acción se encuentra iniciada por la viuda del nombrado, su legitimación activa se encuentra respaldada por su carácter de heredera cónyuge supérstite del afiliado, lo que la coloca en la noción de consumidor en los términos del art. 1 de la ley 24.240, y por constituir el objeto indemnizatorio de estos autos un potencial ingreso de dinero al acervo sucesorio de aquel.

Finalmente, la Sala concluyó que “torna aplicable a las presentes actuaciones el régimen tuitivo de defensa de los usuarios y consumidores y, en consecuencia, procedente el beneficio de gratuidad peticionado en los términos del art. 53 in fine de la ley 24240”.