La Tasa de Justicia, sobre la base morigerada que solicitó la accionante

En un juicio de unión convivencial, se pidió la disminución del monto reclamado inicialmente, por lo que la Cámara interviniente justificó la reducción del indicador para calcular el referido gasto causídico [privado] Al advertir que la actora, antes de admitirse la demanda instaurada por compensación económica, modificó el monto reclamado inicialmente, la Cámara de Familia de Segunda Nominación de Córdoba admitió el recurso de apelación incoado y, en consecuencia, revocó el proveído atacado, disponiendo que deba tomarse como base de cálculo para determinar la Tasa de Justicia el nuevo monto reclamado y morigerado, porque sobre éste se desplegará la actividad judicial, independientemente de que la obligación de su pago haya sido exigible desde la primera presentación En una causa de unión convivencial, contra la resolución por la cual la jueza emplazó a la actora para que en el término de 15 días abonara una determinada suma de pesos en concepto de tasa de justicia, bajo apercibimiento de certificar la existencia de la deuda (art. 302 del Código Tributario), la peticionante de la compensación económica interpuso recurso de apelación en subsidio. En ese recurso señaló que, si bien su primera pretensión fue una renta mensual equivalente a un porcentaje de los haberes jubilatorios del demandado con un piso mínimo de $8.000 por el plazo de 10 años, luego de advertir un error material e involuntario y al amparo de las facultades de los arts. 179 y 180 del CPCC, procedió a modificar la pretensión, morigerándola en una renta mensual equivalente al 40 % del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) durante el plazo de cinco años. El tribunal integrado por los vocales Roberto Julio Rossi, Graciela Melania Moreno de Ugarte y Fabián Eduardo Faraoni señaló que la queja central de la apelante radica en que se ordene considerar como base imponible para el cálculo de la Tasa de Justicia el monto de la pretensión esgrimida en la demanda inicial de fs. 1/4; esto es, $8.000 pesos mensuales por el plazo de diez años, y no el de su rectificación posterior de fs. 27, consistente en una renta mensual equivalente al 40% del SMVM durante el plazo de cinco años. Si la tasa de justicia debe abonarse conforme la cuantía de la pretensión efectivamente reclamada, “ésta no puede ser otra que la emergente de la morigeración efectuada, pues la expresada en la presentación inicial, claramente ha perdido virtualidad por la rectificación realizada por la parte” Al analizar la cuestión, indicó la Cámara que el hecho imponible se configura por la prestación de un servicio por parte del órgano jurisdiccional respecto de la pretensión deducida en la demanda, y pesa sobre quien inicia las actuaciones la carga de afrontarlo. En ese sentido, el fallo precisó que en los presentes no se le ha dado trámite a la demanda, por lo que la actora “se encontraba facultada a introducir todas las modificaciones que estimara convenientes respecto de la pretensión ejercida, y aún cambiarla totalmente”. Así, el tribunal derivó que en ese marco la actora introdujo el escrito de rectificación de la demanda por medio del cual morigeró el monto de la pretensión inicial y sobre éste se practicará la notificación, su posterior contestación y la consecuente traba de la litis. Asimismo, el fallo consideró que lo postulado “resulta ajustado a lo dispuesto en la Ley Impositiva Anual Nº 10594 del año 2019, que en el art. 115 inc. 14 establece que: ‘… se abonará de conformidad con el monto de la pretensión”. Por lo expuesto, los camaristas concluyeron que si la tasa de justicia debe abonarse conforme la cuantía de la pretensión efectivamente reclamada, “ésta no puede ser otra que la emergente de la morigeración efectuada, pues la expresada en la presentación inicial, claramente ha perdido virtualidad por la rectificación realizada por la parte”. Finalmente, la Cámara sostuvo: “No reajustar la tasa a lo verdaderamente pretendido importaría no respetar la capacidad contributiva que quiso gravar el legislador con la tasa, ni se evidenciaría una correcta interpretación armónica de las normas legales y principios que rigen la cuestión en debate, lo que afecta sin lugar a dudas el derecho constitucional del acceso a la jurisdicción”. Reglas Paralelamente, se expuso que coadyuva a lo expresado el hecho de que, conforme surge de autos, la actora es mujer jubilada de 68 años de edad, que invoca problemas de salud e imposibilidad de realizar otras actividades y que ha iniciado Beneficio de Litigar sin Gastos para estas actuaciones, “razón por la cual, prima facie, podría encontrarse en situación de vulnerabilidad, en cuyo caso el sistema judicial debería configurarse como instrumento a los fines de la defensa efectiva de sus derechos, conforme las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia”. En definitiva, por las razones esgrimidas, en el fallo se resolvió que corresponde hacer lugar al recurso articulado, y en consecuencia tomarse como base de cálculo para determinar la tasa de justicia es una renta mensual equivalente al 40 % del SMVM durante el plazo de 5 años. Autos: “R., M. C. c/ M., C. A. - Uniones Convivenciales - Recurso de apelación” Descargá el fallo [/privado]

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