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El Tribunal Superior de Justicia pidió su destitución por “mala conducta”. Está acusado de haber actuado como espía de la dictadura militar. El gremio ya lo había denunciado.
El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) resolvió solicitar al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial (jury) que inicie un juicio político al asesor letrado del fuero Penal, José Luis Santi, sindicado como personal de inteligencia militar durante la última dictadura.
La decisión, adoptada el martes último por el Alto Cuerpo, trascendió ayer y según consta en la acordada se pidió su destitución bajo la causal de “mala conducta”. Para fundar el pedido, el máximo órgano juicial de la provincial consideró que el asesor oficial omitió informarles a sus superiores que mientras cumplía funciones en el Poder Judicial se desempeñaba como personal de inteligencia del Ejército.
El pedido lleva la firma de todos los integrantes del Tribunal Superior, excepto de las juezas Aída Tarditti y María Esther Caffure de Battistelli, quienes, por integrar el Jurado de Enjuiciamiento, no se pronunciaron sobre la cuestión.
Según pudo conocer Comercio y Justicia, Santi continúa prestando funciones y hasta ayer no había ninguna notificación del defensor oficial solicitando al Tribunal Superior licencia alguna. Hay que recordar que Santi no puede ser suspendido por el Alto Cuerpo porque, tal como ocurre con los magistrados, sólo puede ser destituido o removido de su cargo por el Jurado de Enjuiciamiento.
Mientras, se espera que la Justicia federal resuelva la causa en la que se investiga si el defensor oficial cometió algún delito mientras se desempeñaba como personal civil del Ejército. La causa está radicada en la Fiscalía Federal Nº 3, a cargo de Graciela López de Filoñuk, quien en los próximos días podría expedirse, según admitió a este diario la propia funcionaria judicial.
Alias “Julio Soto”
El nombre de Santi y su DNI fueron publicados en una lista en la que figuran 4.300 espías de las unidades de inteligencia del Ejército en todo el país, que desclasificó el Ministerio de Defensa de la Nación. De ese total, 148 pertenecían al Batallón 141 de Comunicaciones y el nombre del asesor letrado apareció ubicado en el lugar 132 de la nómina.
Según el dossier divulgado por el Ministerio de Defensa, Santi habría actuado como «agente de reunión» de información, entre 1976 y 1983, bajo el seudónimo de Julio Soto. Es decir, un puesto clave dentro de la averiguación de antecedentes sobre instituciones y personas, que por aquellos años se hacía de manera clandestina.
La noticia causó revuelo y en marzo la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de Córdoba (AGEPJ) presentó un pedido de investigación ante el Jury de Enjuiciamiento de Magistrados , que respondió que no tenía facultades para ello.
Por su parte, el TSJ determinó que escapaba de su competencia abrir una investigación interna sobre el asesor letrado y optó por derivar los antecedentes del caso a la Cámara Federal de Apelaciones Córdoba, que giró las actuaciones al juzgado que subroga Alejandro Sánchez Freytes.
