La situación carcelaria es responsabilidad del Ejecutivo

A un año de decretarse la emergencia carcelaria en la provincia de Córdoba, aún no hay fecha para que comiencen las obras que fueron anunciadas por el gobernador Juan Schiaretti para ampliar la capacidad de la cárcel de Bouwer y cerrar definitivamente el vetusto edificio de la Penitenciaría de barrio San Martín, cuya construcción data de 1889.
El tema adquirió nuevamente relevancia, luego de que se conociera ayer la resolución de un hábeas corpus presentado por la asociación civil “Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba”, solicitando mejoras en la condición de reclusión de los internos en la provincia de Córdoba.

Según pudo conocer Comercio y Justicia, si bien las obras de infraestructura debían iniciarse a más tardar a mediados del año pasado, esto nunca ocurrió y tampoco hay plazos para que ello pudiera suceder en un plazo cercano. Fuentes consultadas por este medio admitieron que si bien la situación carcelaria en Córdoba mejoró sensiblemente con la ejecución de numerosos programas que buscan “humanizar” el sistema, la crisis financiera internacional podría retrasar aún más el inicio de obras.

Responsabilidades

Tras rechazar el hábeas corpus de la asociación civil, el juez de Ejecución Nº 3 Gustavo Arocena, llamó la atención del Poder Ejecutivo al advertir que las limitaciones estructurales que posee una cárcel no son un problema cuya resolución corresponda “a la agencia judicial del Estado”, sino que “es al Poder Ejecutivo de la Provincia a quien corresponde hacer frente a esta problemática”.
Al respecto, el magistrado enfatizó que “si, erradamente, se buscara la solución a tal angustiante situación en el Poder Judicial, se incurriría en un «judicialismo» vacuo que sólo proveería respuestas simbólicas para un problema real”.

Más allá de la aclaración, Arocena ordenó a la administración penitenciaria que reduzca a la menor cantidad posible la población de reclusos de la cárcel y que ésta nunca exceda de los 700 internos (actualmente esa cifra se ubica en los 710 personas). También indicó al Poder Ejecutivo que diagrame un programa terapéutico-asistencial para el adecuado tratamiento de las adicciones a estupefacientes y que en un plazo de seis meses provea al Servicio Penitenciario los recursos necesarios para ampliar las plazas laborales disponibles para los reclusos
En el hábeas corpus, Arocena resaltó que a pesar de que las actuales condiciones de encierro en las cárceles cordobesa no son del “todo propicias”, se han modificado considerablemente desde el último motín.

LOS ANUNCIOS

En marzo de 2008 Schiaretti decretó la emergencia carcelaria por 36 meses, al tiempo que anunció un plan de construcción y remodelación de establecimientos penitenciarios. Las obras estaban previstas que comenzaran en tres meses, a concluirse en un plazo estimado de tres años.

El proyecto incluía la construcción de tres módulos en

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