ESCUCHAREntre los expedientes, el Máximo Tribunal debe resolver una causa cordobesa. En 2008, el juez Aldo Novak declaró la inconstitucionalidad del artículo 19 que prohíbe la agremiación de las fuerzas de seguridad.
La ola de protestas de efectivos policiales en todo el país que derivó en hechos de vandalismo y saqueos a supermercados y comercios de todo tipo desató la polémica respecto de la posibilidad de la sindicalización de las fuerzas de seguridad.
En Córdoba hay un antecedente a favor de esto: una sentencia del juez Civil y Comercial de 1ª Instancia y 31ª Nominación, Aldo Novak, quien en 2008, en un fallo sin precedentes en el país, declaró la inconstitucionalidad de la prohibición que impedía a los empleados del Servicio Penitenciario de la Provincia (SPC) agremiarse o realizar cualquier conducta tendiente al ejercicio de su derecho constitucional de formar un sindicato.
Dicha decisión fue luego apelada y revocada por la Cámara de 2ª Nominación en lo Civil y Comercial que le dio la razón al Gobierno de Córdoba.
Luego la causa pasó al Tribunal Superior de Justicia(TSJ), que se declaró incompetente y terminó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que aún no se pronunció sobre la cuestión.
Precisamente ayer, de visita en Córdoba, el ministro de la CSJN, Raúl Eugenio Zaffaroni, señaló que -si bien no podía adelantar opinión- era necesario “abrir canales de comunicación” entre la policía y los gobiernos para evitar hechos trágicos como los que hoy está viviendo el país.
Zaffaroni dijo que no sabía cuándo la CSJN iba a analizar este expediente y se excusó explicando que el orden de las causas a tratar era “definida por la presidencia de la Corte”.
Otras causas
Además del caso de Córdoba, se estima que hay al menos otras dos causas en el Máximo Tribunal pendientes de resolución. Una de ellas ahí está desde hace tres años, con un dictamen de la Procuración General que rechaza la agremiación de los uniformados. La otra llegó a la Corte este año.
Los fundamentos de Novak: canalizar los reclamos colectivos
En 2008, el juez Novak declaró la inconstitucionalidad del artículo 19, inciso 10, de la ley 8231, que limita la sindicalización policial.El dictamen se conoció poco después del motín de internos de la cárcel de barrio San Martín y, según el juez, esos hechos “posiblemente no se hubieran producido de existir entidades gremiales que canalizaran los reclamos colectivos del personal de seguridad, con los límites y alcances que corresponda establecer”.
