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La querella pidió pena de 17 años para los militares

PENA. La imputación que les pesa a los acusados supone condenas de entre ocho y 20 años.
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Los abogados reiteraron que las explosiones tuvieron como objetivo ocultar el contrabando de armas. Faltan los planteos de fiscales y defensores. Se espera la sentencia para el día 17 próximo.

La pena de 17 años de prisión pidió ayer la querella para los cuatros acusados del delito de estrago doloso seguido de muerte, en el juicio por las explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero (FMRT) ocurridas hace 19 años, que ocasionaron la muerte de siete personas, decenas de heridos e infinidad destrozos en esa ciudad.

Tras cinco horas de alegatos, los abogados pidieron así prácticamente la máxima pena prevista (que es de 20 años) a los militares Jorge Cornejo Torino, Oscar Quiroga, Marcelo Gatto y Edberto González de la Vega.

En primer lugar hizo uso de la palabra el abogado Horacio Viqueira, quien ante los jueces reiteró la hipótesis de que las explosiones tuvieron como objetivo “ocultar otro delito que se venía cometiendo en la década del ‘90 como era el tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador”. Según dijo, en la mañana del 3 de noviembre de 1995 la FMRT “fue una zona liberada. El día y la hora de la explosión (8.55) fueron elegidas ya que era el día del pago (que se realizaba en un sector lejano donde se produjo la explosión) y en una hora en la que no había gran movimiento”.

Destacó, además, el llamativo corte de las salidas para realizar llamadas telefónicas y el marcado desorden en el depósito donde comenzó todo. También hizo hincapié en los datos que dieron las pericias contables relativas a faltantes de materiales bélicos.

En el mismo sentido, el abogado Auka Barbera, quien acompaña a Viquiera en la querella, sostuvo que “todo fue fruto de un aparato organizado del poder”. Además, aseguró que hubo un “armado de las máximas autoridades políticas y militares a nivel nacional para eliminar las pruebas de contrabando en medio de un escándalo político que, a esa altura, ya era internacional. Todo se orquestó en Buenos Aires y se llevó a cabo en Río Tercero”.

Para la querella, los acusados «son partícipes del delito investigado», y sugirieron al tribunal que se contemple a ese fin la teoría jurídica de la «autoría mediata». En ese marco, admitieron que no se puede esperar una prueba que evidencie la orden de alguien para planificar o causar las explosiones, pero opinaron que, en cambio, puede interpretarse la voladura como consecuencia de «un aparato organizado de poder», por el cual el Estado promovió una acción para eliminar pruebas del contrabando de armas que lo involucraba.

Cuarto intermedio
Después de escuchar a la querella, el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Córdoba fijó para el próximo martes 9 el alegato de los fiscales Alberto Lozada y Guillermo Lega. En los días sucesivos lo harán las defensas.

En principio, durante la última audiencia, prevista para el 17 próximo a las 9.30, luego de concederles a los imputados la última palabra, el tribunal -integrado por Carlos Lascano, José Pérez Villalobo y Mario Garzón- dictará la sentencia.

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