La Procuración Penitenciaria volvió a exigir que los presos voten

La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) volvió a exigir que los presos condenados sean incorporados al padrón electoral y puedan gozar del derecho a voto, por entender que el impedimento que hoy rige para este colectivo “constituye un agravamiento en las condiciones de detención” y “refuerza la exclusión y estigmatización”.
Por medio de un comunicado, el organismo encabezado por Francisco Mugnolo reclamó una ley para habilitar a los presos con condena a sufragar, luego de haber impulsado acciones por la vía judicial y de haber propuesto la reforma durante la redacción del anteproyecto de Código Penal.
“A pesar de que en nuestra legislación vigente la ejecución de la pena implicaría solo la restricción de la libertad ambulatoria, las personas condenadas actualmente siguen sin gozar del acceso a otros derechos fundamentales, como lo es el derecho al voto”, sostuvo la PPN.
Agregó que “los derechos políticos son derechos humanos de importancia fundamental, estrechamente relacionados con los demás derechos consagrados, por lo cual la pena privativa de la libertad no debiera privar el goce de éstos por parte de las personas condenadas”.
En 2002, la Corte Suprema de Justicia resolvió que las personas privadas de libertad en carácter de procesadas estaban habilitadas para votar. Al año siguiente se presentó un proyecto de ley para la derogación de la norma que determinaba que las personas detenidas por orden de juez competente no podían votar hasta recuperar su libertad.

En junio de 2013, la PPN acompañó la petición ante distintos juzgados federales con competencia electoral, de personas condenadas privadas de libertad que solicitaban ser incluidas en el padrón electoral para votar en las elecciones de ese año. En función de la presentación de estos amparos, a mediados de 2016 la Cámara Electoral Nacional declaró la inconstitucionalidad de la restricción del derecho al sufragio para los condenados.
En ese decisorio se dispone que se tomen medidas para que se trate su reglamentación.
En 2017, la PPN se presentó ante la Corte en carácter de amigo del tribunal a fin de poner de manifiesto su opinión en el marco de un recurso extraordinario deducido por la Defensora Pública Oficial, Florencia Plazas, para garantizar el derecho. “Si bien la declaración de inconstitucionalidad de los incisos e, f y g del artículo 3 del Código Electoral Nacional y de los artículos 12 y 19, inciso 2 del Código Penal, efectuada por la Cámara Nacional Electoral, fue un gran avance para la recuperación de los derechos políticos de las personas privadas de libertad, es necesario que se produzca una reforma legislativa que permita que estos derechos puedan ejercerse plenamente”, interpretó la PPN.
Por último, en enero 2018, el organismo le remitió al presidente de la comisión redactora del nuevo Código Penal, Mariano Borinsky, una propuesta de reforma legislativa en este sentido.

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