ESCUCHAREntre enero y octubre pasados se produjeron 30 muertes violentas, 12 de las cuales fueron por ahorcamiento. El organismo advierte del desmantelamiento de los programas Prevención de Suicidios y de Salud Mental dentro de los establecimientos penitenciarios
Sobrepoblación carcelaria, muertes violentas y suicidios son algunos de los aspectos que la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) relevó en su habitual informe estadístico correspondiente al último trimestre de 2017 en las cárceles federales argentinas.
Sólo entre enero y octubre pasados, el organismo documentó e investigó 30 fallecimientos producidos en contexto de encierro, entre los cuales 12 se produjeron como consecuencia de ahorcamientos, en principio, autoinfligidos.
El trabajo advierte de que se identificaron ahorcamientos realizados en el marco de “medidas de fuerza extremas, ante la cancelación por parte de la administración penitenciaria de canales de diálogo y reclamo legítimos; al igual que otros ocurridos como consecuencia de episodios autolesiones en situaciones de aislamiento en solitario”. En ese sentido, la PPN precisó que “se trata de muertes que pueden ser reconocidas como autoinfligidas pero no admiten la clasificación de suicidio”.
Entre las falencias descubiertas, el informe denuncia la ausencia de una política proactiva de promoción y protección de la salud mental de las personas detenidas, “entendida desde una perspectiva integral que, en términos de régimen penitenciario imperante, hace vivible la experiencia de encierro cotidiana o, por el contrario, mortificante”.
En ese sentido, la PPN revela la caída en desuso del Programa de Prevención de Suicidios y el progresivo desmantelamiento del Programa Interministerial de Salud Mental Argentino (Prisma). Denuncia, a su vez, la circulación desregulada de psicofármacos, “elemento condicionante muchas veces de la ocurrencia de estas muertes”.
Sobrepoblación
La sobrepoblación carcelaria es otro de los aspectos que aborda el último relevamiento de la Procuración Penitenciaria.
Según los datos oficiales, las cárceles federales han funcionado durante los últimos años con una ocupación cercana a 90% de su capacidad de alojamiento declarada. Al finalizar el período 2016, la tasa de ocupación mantuvo su tendencia creciente, superando durante todos los meses de 2017 su máximo histórico, funcionando con sobrepoblación general.
Al finalizar el tercer trimestre del año pasado, los establecimientos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) alcanzaron una tasa de ocupación de 106%, es decir, 6% de sobrepoblación.
Sobre este punto, el organismo puso en duda la información vertida por el SPF a la que calificó como “poco confiable” , cuestionó las medidas adoptadas por la administración penitenciaria relativas a la definición y fijación de las capacidades de alojamiento. “Lejos de contener la problemática, la han agravado al carecer de criterios objetivos para la definición del cupo carcelario”, precisó el estudio.
Panorama
La solución de la sobrepoblación carcelaria parece poco auspiciosa. Según la PPN, la recientemente promulgada ley 27375, que introdujo numerosas modificaciones a la 24660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, supone importantes restricciones para el egreso de las personas detenidas, por ende “resulta esperable que este endurecimiento punitivo ‘infle’ los niveles de encarcelamiento”.
Asimismo, reiteró sus críticas a la nueva ley que fue “poco exitosa en otras partes del mundo”.
“Los fracasos de las experiencias internacionales que pretendieron controlar el delito y reducir la inseguridad a partir de políticas punitivas de ‘mano dura’ ya han corroborado que estos programas no hacen más que impactar de forma negativa en los índices de ‘prisonización’ y en las condiciones materiales en las que se desarrolla el encierro penitenciario”, concluyó el informe.
