La presunción sola no alcanza para sancionar a la patronal

Se ponderó el principio de inocencia del demandado al tener la medida un fuerte carácter represivo, aun estando contenida en la ley del trabajo, por lo cual la carga probatoria le incumbía al accionante. [privado] Luego de tipificar la sanción prevista en el artículo 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) como una cláusula penal originada por norma laboral, con claro contenido represivo, la Sala 2ª de la Cámara del Trabajo de Córdoba rechazó su procedencia, al considerar que para su aplicación, de carácter restrictivo, no alcanza la simple presunción a favor del accionante ante la incomparecencia del demandado en el pleito, ya que le competía al peticionante generar la prueba precisa de su configuración. Luis Sandoval denunció que su empleador José Raúl Santiesteban Sandoval le pagaba haberes inferiores a los correspondientes para la categoría ayudante, además que al vencerse los plazos de la ley 22250 no le habían entregado la Libreta de Fondo de Cese Laboral, e intimó al respecto junto con el emplazamiento a la patronal para que ingresara los aportes adeudados a los organismos de la seguridad social. La demandada nunca los contestó, por lo cual se generó el pleito al cual no compareció, aplicándosele la presunción procesal de veracidad de los dichos de la demanda. El tribunal integrado por Silvia Díaz advirtió de que “la falta de exhibición de la documentación detallada frente al requerimiento del Tribunal, la documental acompañada y la informativa incorporada, ratifican la presunción prevista por el Art. 49 Código Procesal del Trabajo (CPT), acerca de la existencia del vínculo con la demandada, denunciado en el libelo introductorio de la acción, las fechas de ingreso y egreso, jornada, categoría que revistió y la remuneración”. La magistrada indicó que “la carga probatoria del cumplimiento de las obligaciones que los sustentan, correspondía a la empresa demandada la que no habiéndose cumplimentado permite también tener por acreditada la legitimidad del reclamo por los distintos conceptos”, en los cuales se incluyeron diferencias de haberes, sanción del artículo 80 de la LCT, rubros salariales no abonados e indemnización prevista en el Art. 19 de la ley 22250. Sin embargo, al analizar la sanción prevista en el Art. 132 bis, LCT, la vocal precisó que “la sanción que determina la norma tiene como hechos antecedentes: a) un acto, que consistiría en la retención por parte del empleador de los aportes a que se refiere la norma; b) una omisión, es decir, la de ingresar en tiempo propio total o parcialmente los mencionados aportes; c) el momento en que se aprecia la omisión, la cual debe existir al tiempo de la extinción del contrato de trabajo; los aportes que deben ser los taxativamente enumerados por la ley, y e) una intimación previa”. Asimismo, consideró que la misma “conforma una cláusula penal de origen legal”, añadiendo que “no obstante que la sanción en examen no presenta propiedades estrictamente definidas, es claro su carácter represivo”, concluyendo que “es esta propiedad, la que precisamente, la identifica con una sanción de carácter penal tipificada por una norma laboral”. Consecuentemente, el tribunal subrayó que “en su configuración y aplicación debe primar un criterio restrictivo”, agregando que “la conformación penal del dispositivo impone privilegiar el principio básico de inocencia, cuyo resguardo efectivo obliga a respetar las reglas que informan la distribución de la carga probatoria”. En ese sentido, dispuso que “quien invoca un derecho debe probar el presupuesto fáctico en que sustenta su pretensión, pues desde la jerarquía constitucional, la presunción de veracidad de los hechos contenidos en demanda, originada en el Art. 49 CPT, resulta inconsistente frente a la garantía de inocencia”. Por lo cual el vocal resolvió que “se encontraba a cargo del trabajador la prueba de la retención y de la omisión de ingreso, la que no habiéndose cumplimentado impide la procedencia del concepto reclamado”. [/privado]

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