La pena de muerte vuelve a discusión, propuesta por un diputado del PRO

Es un debate saldado no sólo en el país sino en el mundo, desde hace mucho tiempo. Pero cada tanto vuelve, en busca de objetivos políticos. Qué dicen los organismos que estudian la problemática con visión de derechos humanos y de minoridad

El viejo debate sobre el regreso de la pena de muerte a la Argentina volvió en las últimas horas a partir del anuncio de un diputado nacional, Francisco Sánchez (Pro-Neuquén), de presentar un proyecto para aplicarla contra violadores y asesinos de menores de edad, porque entiende que el aborto legal lo habilita a proponer iniciativas como ésta. [privado]

“Voy a presentar un proyecto para aplicar pena de muerte a monstruos como estos”, informó en su cuenta de Twitter, a raíz del crimen de un niño de dos años quien murió en La Plata, tiempo atrás, luego de haber sido golpeado y abusado por su padrastro. Sánchez agregó: “Seguro que ahora que ya no consideramos más el Pacto de San José de Costa Rica en Argentina, voy a conseguir la adhesión de quienes lo rechazaron cuando votaron el aborto”.

El diputado votó en contra de la legalización del aborto, la semana pasada, y, además, fue uno de quienes se abstuvieron en la votación del “Programa de los mil días”. Además, fue el único que votó en contra de ley “Yolanda” (de capacitación en medioambiente en los tres poderes del Estado) y de la ley de teletrabajo; y también pidió derogar la ley “Micaela”, de capacitación en violencia de género. Es decir, sostiene de modo coherente una postura antiderechos y una visión conservadora sobre la dinámica social y su reflejo normativo.

Vale recordar que la pena de muerte no es parte del Estado de derecho en Argentina y, como lo ha dicho el Observatorio de Adolescentes y Jóvenes del Instituto Gino Germani, de la Universidad de Buenos Aires (UBA), tampoco “sirve” para reducir el delito; y ni siquiera es claro que sea la opinión mayoritaria de la población. En otras palabras, no se debe, no conviene ni se quiere.

Efectivamente, la muerte aplicada por el Estado fue abolida, primero para delitos comunes en junio de 1984 (ley 23077) y luego para todo tipo de delitos, incluidos los militares, a partir de la derogación del Código de Justicia Militar en agosto de 2008 y de la ratificación del Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, de la Organización de Estados Americanos (OEA), en septiembre de 2008. De este modo, es ilegal para la Justicia y, desde luego, para la policía. Esto es necesario recordar por el debate que ocurrió en el país hace dos años, cuando se invitó a la Casa Rosada al ex policía Luis Chocobar, hoy juzgado por el crimen de un joven, supuesto ladrón.

En efecto, si bien el personal policial tiene el deber de intervenir, no se le puede exigir acciones contrarias al derecho internacional adoptado en nuestra Constitución a partir de 1994. Por lo tanto, la actuación policial debe regirse por el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, aprobado por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y por los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de las Armas de Fuego, aprobado por la Asamblea General de la ONU, en el que se establecen los principios para el uso racional de la fuerza, tales como los de legalidad, oportunidad, proporcionalidad y moderación, responsabilidad y rendición de cuentas.

El Instituto Germani reveló en la oportunidad que "estudios internacionales muestran que la pena de muerte, y el aumento de las penas en general, no reducen los niveles de delito, sino que incluso pueden incrementarlo". La hipótesis por detrás es que el incremento de las penas aumenta el costo del delito, con lo cual disuade al potencial delincuente de cometerlo. Esta "visión de elección racional" que proviene de la economía ya fue discutida ampliamente en el ámbito internacional. Por el contrario, en Brasil el endurecimiento en las leyes de drogas incrementó la población carcelaria de forma masiva y generó un efecto contraproducente, al fortalecer las redes criminales colectivas que gobiernan dentro y fuera de las cárceles.

Hoy, el Congreso Nacional vuelve a recibir propuestas de este tipo, movidas más por objetivos políticos que por voluntad de mejorar la legislación y la administración de justicia. [/privado]