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Viqueira
En medio de la catástrofe que enfrenta el movimiento peronista, con sendas causas por corrupción en distintos estadios procesales y una por violencia de género bajo pesquisa, surgida del expediente “Seguros”, el abogado Jorge Monasterky denunció al “dirigente social” Luis D´Elia por instigar a Alberto Fernández a suicidarse.
Luego de que se difundieron las fotos de la ex primera dama Fabiola Yáñez con lesiones producto de las presuntas golpizas que le propinó el ex presidente, D´Elia publicó en X: “Si @alferdez tiene un poco de dignidad tiene que encerrarse en su dormitorio, hacerle una carta pidiendo perdón a Fabiola, a sus hijos, a sus compañeros y al pueblo argentino y pegarse un tiro en la cabeza”.
Anormalidad
“No podemos seguir normalizando la anormalidad”, planteó el letrado, y consideró que el posteo del otrora defensor de la polémica gestión de Fernández es un delito autónomo que debe investigarse.
En su presentación, pidió que en cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental “se ordene la internación compulsiva” del ex jefe de Estado “si se comprueba un riesgo actual e inminente” para su vida.
Horas antes de la exposición de Monasterky, en una entrevista radial, D’Elía insistió: “La verdad, pegarse un tiro es un acto de dignidad. Ese tipo ya se lo pegó, es un muerto que camina”.
Vialidad
Hace dos años, en agosto de 2022, mientras se desarrollaba el debate por la causa “Vialidad”, el ex jefe de Estado fue denunciado por, casualmente, instigar al suicidio al acusador Diego Luciani.
En una errática aparición televisiva, al ser consultado por la seguridad del agente, declaró: “Si alguien está pensando que hay alguien pensando en matar al fiscal Luciani… Yo lo que le regalaría es (sic) algunos tratados de derecho internacional, porque por mucho que grite justicia o corrupción, dijo un sin fin de disparates jurídicos. Realmente, alentar la idea de que le puede pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman…. que hasta acá lo que le pasó fue que se suicidó, no se probó otra cosa. Yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani”.
AFFUN
Ante semejante desvarío, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) expresó su repudio: resaltó el profundo desconocimiento de Fernández sobre la investigación por la muerte de Alberto Nisman, caratulada como homicidio, y postuló que sus afirmaciones fueron desagradables y temerarias
Recordó que Luciani cumplía la labor que le asigna el artículo 120 de la Constitución Nacional y el tenor del artículo 109, que reza que el presidente no puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas.
La AFFUN resaltó que la norma le prohíbe entrometerse en asuntos judiciales en desarrollo, y que el veto incluye críticas, halagos y comentarios.
“En nombre de la división de poderes, que rige y reglamenta la vida institucional, demandamos un cumplimiento estricto de la letra establecida desde 1853 y ratificada en 1994”, concluyó el grupo.
En uno de los capítulos más vergonzosos de su paso por el Ejecutivo, el profesor de derecho ofició como defensor mediático de Cristina Fernández de Kirchner mientras estaba sentada en el banquillo por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz en favor de Lázaro Báez. Sus maniobras no tuvieron efecto: la prueba selló la suerte de la encausada, que fue condenada.
Sedición
Además del rechazo de la AFFUN, Fernández fue denunciado penalmente por instigación al suicidio y sedición por Maximiliano Ferraro, Mariana Zuvic, Paula Oliveto y Juan Manuel López, de la CC-ARI, y Waldo Wolff, del PRO.
Los por entonces opositores manifestaron que las declaraciones de Fernández fueron amenazantes y tuvieron por fin impedir la ejecución de resoluciones de funcionarios públicos.
Bajo esa premisa, argumentaron que las palabras del ex presidente representaron “una clara amenaza contra los fiscales”, para que no continuaran con su tarea de acusación y evitar que formularan “cualquier otro impulso del expediente”.
Recalcaron que Fernández tenía “amplios poderes formales” que podría desviar en materia de seguridad e inteligencia y razonaron que sus aseveraciones proyectaron un “claro amedrentamiento a quienes investigan delitos graves contra el poder político”.
