ESCUCHARPara el fiscal de las cámaras Civil y Comercial de Córdoba, Francisco Junyent Bas, el paquete de medidas no incidirá en Córdoba ni mejorará la situación del consumidor. Por el contrario, María Rosa Cooper, especialista en Defensa del Consumidor, ponderó el proyecto.
El Senado reanudó ayer el debate en el plenario de comisiones del paquete de leyes que buscan impulsar una nueva justicia del consumidor. Tras el cuarto intermedio anunciado ayer, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, abrió el debate ante legisladores y representantes de cámaras empresariales. Le siguió en el uso de la palabra el secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez. “Estamos proponiendo reglas claras sobre las relaciones de consumo”, dijo.
“No es un intervencionismo exacerbado del Estado sino que se trata de una regulación para optimizar un modelo económico sustentable”, sostuvo el jefe de Gabinete. “Si no existe capacidad regulatoria del Estado, entonces el Estado presenta dificultades para garantizar el adecuado comportamiento de la cadena”, planteó.
A su turno, el secretario de Justicia mostró un expediente judicial. Según explicó, era una causa que comenzó en febrero de 2006 a partir de un reclamo por un problema que tuvo en un viaje en avión a Bogotá. “Gané el juicio y cobré el mes pasado cuatro mil pesos. ¿Saben cuánto gasté? 25 mil. Ésta es la razón por la que estamos enviando estos proyectos al Congreso”, precisó.
Con la discusión sobre la Ley de Abastecimiento se está ocultando un debate más interesante: los consumidores y las herramientas deficientes que tienen para defenderse”, agregó Álvarez. “Con Venezuela y la mar en coche estamos ocultando el debate. Los convoco a hablar de los consumidores” propuso.
Opiniones opuestas
Consultado por Comercio y Justicia, el fiscal de las cámaras Civil y Comercial, Francisco Junyent Bas, aclaró que el nuevo paquete de leyes enviado por el Ejecutivo está pensado en “90 % para Buenos Aires, con una apariencia de tutela que no mejorará la defensa del consumidor” .
Junyent Bas relativizó la creación del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones del Consumo” (Coprec) y recordó que la Dirección de Defensa del Consumidor ya cuenta con una instancia de mediación que no funciona porque no se la ha dotado de eficiencia. “Lo importante no es crear más organismos sino dotar de eficiencia a los que ya existen”, remarcó.
Respecto de la creación de ocho juzgados y una cámara de apelaciones dedicados a canalizar los litigios surgidos “de las relaciones de consumo”, el especialista en Defensa del Consumidor advirtió de que en la práctica serán juzgados de pequeñas causas, teniendo en cuenta que sólo podrán acudir quienes tengan pleitos por montos inferiores a 198 mil pesos. “Si tengo un conflicto por un auto que cuesta más de 200 mil pesos no puedo acudir a estos nuevos juzgados”, precisó.
Para la ex directora General de Defensa al Consumidor de Córdoba, María Rosa Cooper -abogada especializada-, en cambio, la nueva ley impulsada por el Gobierno es “positiva” ya que -dijo- “contribuirá a reducir la inequidad que hoy existe entre el proveedor de un servicio y el consumidor”.
Entre los escollos, Cooper advirtió de que habrá que ver cómo se instrumentan en el país las audiencias de conciliación de Coprec que, aunque son “herramientas loables”, no todas las provincias tienen suficientes profesionales de la mediación que puedan realizar la tarea.
Subrayó la importancia de la creación de fueros especializados y de la puesta en práctica de audiencias orales que permitirán darle más “rapidez” al proceso.
También ponderó que las empresas que quieran apelar una decisión judicial luego de ser multadas, primero deban pagar la multa y luego apelar.
“Esta ley sin dudas ayudará a los consumidores a perder el miedo a acudir a la Justicia y a los proveedores a actuar con más precaución”, concluyó.
Respecto de la creación de un observatorio de precios, la abogada subrayó: “Aunque es la parte más política del proyecto, ocuparse de los precios también está bien”.
Qué se crea y qué cambia con las leyes impulsadas por el Ejecutivo
•Los cambios legislativos que se impulsan incluyen la creación del Servicio de Conciliación de las Relaciones de Consumo en la Secretaría de Comercio (Coprec); la Auditoría en las Relaciones de Consumo y la Justicia Federal y Nacional en las Relaciones de Consumo.
El Coprec es una instancia conciliatoria previa y gratuita para el consumidor, para dirimir los conflictos derivados de las relaciones de consumo, hasta cierta suma de dinero.
El nuevo fuero estará compuesto por ocho juzgados federales de primera instancia, dentro de los cuales funcionarán tres fiscalías y tres defensorías, y una cámara federal de apelaciones con una fiscalía y una defensoría pública oficial.•Se crea un Observatorio de Precios de Insumos, Bienes y Servicios, que funcionará en la órbita de la Secretaría de Comercio, en el Ministerio de Economía. Las asociaciones de consumidores tendrán participación allí, junto a los especialistas técnicos del Gobierno. Con las modificaciones a la Ley de Abastecimiento, Comercio tendrá la posibilidad de aplicar nuevas sanciones administrativas.
•Cuando las empresas incurran en prácticas abusivas podrán ser sancionadas con multas de hasta 5 millones de pesos. Para las sanciones previstas en la Ley de Defensa del Consumidor, se aplicará el principio de “pagar y reclamar”: para poder apelar una multa ante la Justicia, primero habrá que pagarla.
