ESCUCHARLa Unicameral de Córdoba concretará hoy la última sesión del año que promete ser maratónica, no sólo por la cantidad de temas a tratar sino por la importancia de alguno de esos proyectos.
Uno de los temas principales será el debate del pliego de Jéssica Valentini para integrarse como nueva vocal del Tribunal Superior de Justicia. La propuesta fue realizada desde el Ejecutivo provincial.
Fuentes legislativas consultadas anoche por Comercio y Justicia aseguraron que la promoción de Valentini saldría por muy poco margen en el conteo final de votos.
En la misma sesión también se dará tratamiento a la aprobación de los pliegos de Pablo Bustos Fierro como defensor General; de Pablo Pupich, como defensor Adjunto del Ministerio Público de la Defensa; de Néstor Gómez, como defensor Adjunto; y de Guadalupe García Petrini, como defensora Adjunta en Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género. Asimismo, se propondrá a Alejandro Pérez Moreno como fiscal Adjunto de la Fiscalía General de la Provincia.
Entre los temas en la sesión de cierre se sumarán un proyecto de ley de Procedimiento Penal Juvenil, con la modificación y derogación de artículos a la normativa 9.944, sobre Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Ficha Limpia
En paralelo, los legisladores también tratarán el denominado proyecto de Ficha Limpia, luego que tras varias negociaciones, el oficialismo lograra consensuar un proyecto en común con parte de la oposición.
Ocurre que el lunes pasado en una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Legislación General, se acordó compatibilizar las propuestas de las legisladores justicialistas Julieta Rinaldi, María Victoria Busso y María del Rosario Acevedo, que fija “elevar estándares de idoneidad para candidatos y funcionarios”; junto con las dos iniciativas de la radical Brenda Austin, quien retomó una propuesta que en los últimos años venía impulsando el ex parlamentario Marcelo Cossar, quien no contó en el apoyo del PJ.
Después de varias reuniones en la Legislatura, de conversaciones con el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, y del apoyo del Centro Cívico se logró compatibilizar los proyectos en el que se acordó que quedarán inhabilitadas para cargos electivos “las personas condenadas a penas privativas de la libertad de ejecución efectiva o a pena de inhabilitación principal o accesoria por delitos dolosos de cualquier naturaleza, previstos en el Código Penal de la Nación o en leyes especiales, en virtud de sentencias dictadas por tribunales del Poder Judicial de Córdoba, por tribunales nacionales, federales o de otras provincias”.
Y se aclaró que para la no autorización a cargos electivos “se requiere que la sentencia condenatoria haya sido confirmada por sentencia dictada por tribunal de instancia ulterior, por vía recursiva o impugnativa, ordinaria o extraordinaria de conformidad a las normas procesales que resulten de aplicación”.
Por lo tanto, se detalló que “la inhabilitación prevista se extiende desde el dictado de la sentencia confirmatoria y hasta que la misma sea revocada o, en su defecto, hasta el cumplimiento total de la pena correspondiente.”
Otro de los puntos que tendrá la normativa será respecto del alcance, ya que no sólo será aplicable para postulantes a puestos electivos, sino también “para cargos partidarios”, además de funcionarios públicos. Esto último había sido solicitado por la UCR.
Mientras que el Juzgado Electoral, previo a la oficialización de las listas, deberá acreditar el contenido de la declaración jurada y requerir para esto al Registro Nacional de Reincidencia el Certificado de Antecedentes Penales (CAP) y así como el Certificado de Antecedentes de la Policía de Córdoba.
