La Legislatura de Córdoba aprobó la modificación de la ley 8.802 referida a atribuciones del gobernador acerca de los pliegos de aspirantes a cargos de magistrados y funcionarios del Poder Judicial, en la que quedó expresado que deberán darse a través de una selección de orden de mérito determinada por el Consejo de la Magistratura.
Concretamente, el proyecto establece que “el gobernador remitirá a la Legislatura provincial los pliegos de los aspirantes a cargos de magistrados y funcionarios del Poder Judicial de acuerdo al orden de mérito confeccionado por el Consejo de la Magistratura”.
La iniciativa fue enviada por el Ejecutivo provincial a comienzos de mayo y contó con el aval de la mayoría de los bloques de la oposición, a excepción de la legisladora Noelia Agüero (FIT) y de Luciana Echevarría (MST ), que se abstuvo en la votación. Pese a que el radicalismo acompañó con su voto, hubo fuertes cuestionamientos.
“A través de esta iniciativa se pretende establecer la expresa limitación al Poder Ejecutivo que plasme mediante una ley la inalterabilidad de la decisión política de los gobernadores de la provincia de Córdoba practicada desde 1999 hasta la fecha y, a su vez, blinde y consolide la regla restrictiva, en aras de la mejor calidad institucional que implica un Poder Judicial independiente”, se expresó en los fundamentos del proyecto.