«La Justicia tomó una medida y se tiene que cumplir»

Ante la confusión generada por la sanción de la ordenanza que declaró de utilidad pública y sujeto a ocupación temporánea el inmueble de la empresa CIVE, junto con sus bienes muebles e intangibles, Comercio y Justicia dialogó con Ignacio Garzón, abogado de la sindicatura interviniente en la falencia de la firma y que integran los contadores Elsa Tenaguillo de Molina, Guillermo Posse y Ernesto Corso.
El letrado precisó que la ordenanza se hizo eco del deseo de los trabajadores, de que la fábrica pase a sus manos, pero aclaró que el Concejo Deliberante se basó en una previsión de la ley provincial 6394, normativa que no contempla la situación especial de CIVE, que tiene hipotecado su inmueble y prendadas la mayor parte de sus máquinas. En esa línea, enfatizó que la Ley de Quiebras es de orden público y está por encima de la Ley de Expropiación, resaltando que “no se puede quitar un derecho consagrado por ley a un acreedor”.

Al ser consultado sobre qué pasará con vistas al futuro, Garzón fue terminante: “El Poder Judicial tomó una medida y esa medida se tiene que cumplir” (ver “Fallos”), manifestando que quienes buscan otra cosa deberán acudir a las vías legales y no a las de hecho.
El profesional informó que hoy se pondrá al comprador, Hugo Ardiles, en posesión de la fábrica y que si alguien se resiste, el comprador o la sindicatura realizarán las denuncias penales correspondientes.
El letrado expresó que a raíz del dictado de la ordenanza, no solamente se suscitó un conflicto de poderes, sino un conflicto de leyes. “El conflicto de poderes está en el hecho de que el Concejo se ha metido en algo que estaba bajo la jurisdicción de un juez. La sindicatura tiene la posesión de la fábrica ante la delegación de la jueza, que la ejerce a través de la sindicatura, todo según la Ley de Quiebras. Después, está el conflicto de leyes; es decir, una ordenanza municipal que interfiere en un procedimiento regulado por una ley de orden público nacional”, concluyó.

Sobre los inicios de la Cooperativa de Trabajo Empleados de CIVE Limitada, Garzón explicó que se conformó cuando fracasó la licitación del establecimiento en marcha. “No hubo vaciamiento. Está todo: las máquinas, insumos, materia prima, etcétera”, aclaró. Paralelamente, precisó que luego apareció Ardiles y no concedió a los trabajadores autorización para utilizar la fábrica. “Los abogados de la Cooperativa entendieron que era de aplicación la continuidad de la empresa, pero perdieron de vista la preclusión procesal”, acotó.
En ese sentido, el letrado expresó que la continuidad a través de la locación a una cooperativa podría haberse concretado cuando fue declarada la quiebra, en 2006, “no ahora que estamos en proceso liquidativo”. Así, disparó: “El planteo es extemporáneo. Debieron salir a buscar plata en su momento para satisfacer a los acreedores y quedarse con la fábrica”.

En cuanto a la situación del comprador (Ardiles), el abogado destacó que no está legalmente indefenso, reiterando que tiene a su favor la resolución jurisdiccional, su crédito privilegiado y el hecho de que el Banco de Córdoba -a su turno- inició los concursos especiales y él se hizo parte de éstos.
“Si la Municipalidad no le permite iniciar actividades, saca todo a remate, lo que

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