La Justicia cordobesa ratificó ayer que en un plazo no mayor a un año el Ejecutivo provincial deberá dejar de alojar detenidos en la Unidad de Contención de Aprehendidos, más conocida como ex cárcel de Encausados.
La resolución emanó esta vez de la Cámara de Acusación que, de ese modo, confirmó lo decidido en marzo del año pasado por el juez de control Gustavo Reinaldi, quien había ordenado el desalojo del viejo penal de barrio Güemes debido a las malas condiciones edilicias que presentaba el lugar .
En esta oportunidad, la Cámara ordenó al Poder Ejecutivo provincial que, a partir de que la resolución quede firme, el edificio no podrá ser utilizado “como lugar de contención de personas privadas policial o judicialmente de su libertad, las cuales, a partir de ese momento, deberán ser alojadas en las nuevas instalaciones penitenciarias proyectadas por el Gobierno provincial”.
“Deberán sin excepción, alojar a toda persona que ingrese como detenida a este establecimiento en los pabellones remodelados de los pisos primero y segundo, cuyas descriptas condiciones edilicias garantizan por el momento el trato digno de las personas allí detenidas.
Deberán, asimismo, clausurar de inmediato y en forma definitiva los demás pabellones, sitos en el tercer piso o en cualquier otra área de la Unidad de Contención de Aprehendidos”, indicó el fallo.