La Justicia federal tratará una causa por afectación ambiental en aguas del río Tercero

En el proceso se investiga la supuesta infracción a la ley 24051 por parte de la Fábrica Militar de Río Tercero y de la Petrolera Río Tercero. La minoría opinó que debía entender la jurisdicción local [privado]

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso que la Justicia federal entienda en una causa en que se investiga una supuesta infracción a la ley 24051, por parte de las empresas Fábrica Militar Río Tercero y Petroquímica Río Tercero por la descarga de emanaciones gaseosas con concentraciones superiores a los límites permitidos y el vuelco de efluentes líquidos sin el adecuado tratamiento al río Tercero, afluente del río Carcarañá, que desemboca en el río Paraná.

En los autos “Fábrica Militar Río Tercero s/ infracción ley 24051”, los ministros Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti concluyeron que se han reunido los elementos para colegir “razonablemente colegir el requisito de afectación interjurisdiccional, lo que hace surtir la competencia de la justicia federal”.

El conflicto negativo de competencia entre la Justicia federal y la provincial fue dirimido en mayoría por la Corte Suprema de Justicia, que se pronunció para que la causa por el impacto ambiental sobre el río Tercero vaya a la primera jurisdicción.

Por su parte, los ministros Carlos Rosenkrantz y Elena Highton votaron en disidencia, propiciando que fuera la Justicia local la que se abocara a dirimir la causa.

Competencia

El caso aborda un conflicto negativo de competencia entre el Juzgado de Control, Niñez, Juventud y Penal Juvenil y Faltas de Río Tercero y el Juzgado Federal de Villa María.

El juez riotercerense declinó su competencia a favor de la Justicia federal con fundamento en que la afectación al medio ambiente podría extenderse fuera de los límites de la provincia, así como en virtud del carácter nacional de la Fábrica Militar, mientras que el magistrado federal rechazó la atribución al considerar que las conductas investigadas no afectaban intereses nacionales, ni surgía una real afectación más allá de la ciudad de Río Tercero.

En el voto de mayoría, los jueces recordaron que la exigencia de “interjurisdiccionalidad de la contaminación” como presupuesto inexorable para atribuir la competencia federal, subrayando que en la causa se habría constatado que se arrojan diversos tipos de efluentes -líquidos y gaseosos- entre los que se incluyen residuos peligrosos en los términos de la ley 24051.

Argumento

“Específicamente, uno de los recursos ambientales que se encontraría afectado por los hechos investigados es un río interno de la Provincia de Córdoba (…) que, como se desprende del informe referido por el señor Procurador Fiscal en su dictamen, consiste en un río de llanura, continuo, sin accidentes, que confluye con el Saladillo, dando origen al río Carcarañá, que continúa su curso en la Provincia de Santa Fe, donde finalmente desemboca en el río Paraná”, señalaron los jueces.

En ese orden de ideas, los ministros de la mayoría advirtieron que el río afectado es un cauce de agua interno provincial, que pertenece a una cuenca hídrica interjurisdiccional.

Así la cosas, los magistrados analizaron los informes técnicos y las capacidades hidrográficas del río Tercero, para determinar que “existen factores que permiten concluir que los ríos Carcarañá y Paraná podrían, razonablemente y en el marco de la interdependencia que se verifica entre los elementos de una cuenca hídrica, convertirse en cuerpo receptor del efluente contaminante que, prima facie, afectaría al río Tercero”.