El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) dictaminó que los estudios sobre la posible toxicidad del glifosato deben ser públicos.
Así, la Corte de Luxemburgo abrió la posibilidad de acceder a los informes sobre el herbicida más usado en el viejo continente, vetados a la consulta por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).
A su turno, cuatro eurodiputados ecologistas y un investigador habían solicitado, sin éxito, acceder a los papeles. El organismo alimentario les entregó parte de la información pero rechazó proporcionar la totalidad de datos disponibles, alegando que su difusión podía causar un perjuicio comercial y financiero a las empresas que comercializan el químico, entre las que se encuentran multinacionales como Monsanto.
Además, negó que hubiera un interés público superior que justificara la divulgación.
Los solicitantes acudieron al Tribunal General de la UE, que les dio la razón.
El glifosato es legal y fue declarado no cancerígeno por la EFSA, pero persisten las sospechas sobre su toxicidad.
En 2015, el grupo de investigación sobre cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre sus probables efectos cancerígenos, pero tanto la Comisión Europea como los Estados miembros se mostraron contrarios a prohibirlo, aunque no llegaron a esa decisión por unanimidad.