La justicia británica rechazó el pedido de los abogados del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, para que se le otorgue la libertad bajo fianza mientras se aguarda que Estados Unidos apele el fallo que negó su extradición a ese país.
El periodista, australiano, de 49 años, está detenido desde abril de 2019 en la prisión de Belmarsh, sureste de Londres, después de haber sido desalojado de la embajada de Ecuador, donde vivió bajo asilo político durante siete años.
Si bien solicitudes similares ya fueron rechazadas, los letrados de Assange insistieron luego del decisorio que negó la extradición de Assange a Estados Unidos, que lo reclaman por cargos de espionaje, entre otros.
Para desestimar la posibilidad de que el periodista se traslade a la vivienda de su pareja, con quien tiene dos hijos, la fiscalía puso de relieve que dispone de recursos para huir y citó la oferta de asilo político que le hizo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
El abogado de la defensa, Edward Fitzgerald, alegó sin éxito que las palabras del mandatario se malinterpretaron y precisó que su propuesta se aplicaría sólo al final del proceso y que en ningún caso abriría las puertas de la embajada mexicana en Londres.
El lunes, la justicia británica estableció que no extraditará a Assange debido a preocupaciones por el impacto de la medida en su psique.
“Considero que el estado mental de Assange es tal que sería opresivo extraditarlo a Estados Unidos”, escribió en su sentencia la magistrada Vanessa Baraitser, de la Corte Penal de Londres.
Assange es reclamado por la justicia estadounidense, que quiere juzgarlo por haber publicado documentos militares y diplomáticos secretos y por cargos de espionaje, por lo que podría recibir hasta 175 años de cárcel.
Estados Unidos sostiene que Assange puso en peligro la vida de sus informantes al difundir cables sobre las acciones militares estadounidenses en Irak y Afganistán.
El activista australiano y sus abogados rechazan las imputaciones y alegan que el caso tiene motivaciones políticas, y que una extradición y un debate supondrían un duro revés a la libertad de expresión y el derecho a la información.
Baraitser analizó la evidencia presentada por la defensa sobre las supuestas intenciones suicidas de Assange y valoró: “La impresión general es la de una hombre deprimido y por momentos desesperado”.
Basó su decisión en que el estado de Assange en EEUU se deterioraría, “dándole motivos para cometer suicidio llevado por la ‘determinación obsesiva’ de su trastorno de espectro autista”.
El representante legal de EEUU ya trabaja en la apelación.
Documentos
Los problemas legales de Assange comenzaron en 2010, poco después de que la página web que creó en 2006, WikiLeaks, publicó 700 mil documentos militares y diplomáticos confidenciales. Entre ellos figuraba un video en que se veía cómo helicópteros estadounidenses de combate disparaban contra civiles en Irak, en 2007, y mataban a una docena de personas en Bagdad, incluidos dos periodistas de la agencia de noticias Reuters.
Al margen del resultado del recurso de EEUU, Assange tiene una causa abierta en el Reino Unido por haber violado en el año 2012 el arresto domiciliario bajo fianza que se le había concedido mientras se evaluaba si era extraditado a Suecia, en donde se lo investigaba por abusos sexuales.
Lo hizo al abandonar la casa de campo donde lo cumplía, propiedad de un amigo, cerca de Londres, para ir a la embajada ecuatoriana a refugiarse.
En consecuencia, Assange deberá saldar esa cuenta pendiente antes de poder analizar asilarse en cualquier país que se lo ofrezca.
Assange fue detenido en abril de 2019, después de pasar siete años en la embajada de Ecuador en Londres.
En 2012 se refugió allí vulnerando las condiciones de la libertad bajo fianza impuestas por la justicia inglesa mientras examinaba una petición de extradición de Suecia, que lo reclamaba por delitos en contra de la integridad sexual, imputaciones que luego fueron desestimadas.
Allí vivió hasta su espectacular detención por la policía británica, cuando el presidente Lenín Moreno le retiró el apoyo que le había concedido su predecesor, Rafael Correa.
En tanto, en Estados Unidos, el fiscal que busca llevarlo a juicio dijo que no está seguro de que la administración entrante de Joe Biden quiera continuar con el pedido de extradición.
Zachary Terwilliger, quien fue designado por Donald Trump, hizo los comentarios luego de que se anunció que dejará el cargo de fiscal de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia.