La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones porteña ordenó reabrir la causa por el atentado de Montoneros a una repartición de la Policía Federal, en julio de 1976, que causó la muerte de 24 personas y dejó a 60 heridas.
A su turno, la jueza María Servini dispuso el cierre de la pesquisa, pero la alzada estimó que no analizó si el caso, más allá del paso del tiempo, debía investigarse bajo la hipótesis de una grave violación de los derechos humanos, como ocurrió con el caso AMIA.
También determinó que la magistrada omitió evaluar si Montoneros contó con apoyo de Estados y organizaciones extranjeras.
Sangriento
El ataque, considerado como el más sangriento que llevó adelante la agrupación, fue perpetrado el 2 de julio de 1976, cuando una bomba detonó en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, en la ciudad de Buenos Aires.
La denuncia señala como responsables a Mario Firmenich, Marcelo Kurlat, Horacio Verbitsky, Laura Sofovich, Miguel Ángel Lauletta, Norberto Habegger y Lila Pastoriza, entre otros.
El autor material fue José María Salgado, un policía de 21 años que estudiaba Ingeniería Electrónica en la UBA.
En 2006, Servini rechazó una denuncia contra los presuntos autores del atentado por entender que no era un crimen de lesa humanidad. El caso llegó a la Corte, que confirmó el decisorio de la sentenciante.
Sin embargo, el año pasado, un grupo organizaciones civiles -entre ellas, la Asociación Defensores de DDHH Latinoamericanos, la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo, la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia y el Centro de Estudios Salta y 400 abogados pidieron la reapertura del expediente y que fuera declarado imprescriptible.
En esa línea, reclamaron llamados a indagatorias y capturas de los líderes de la organización.
La jueza rechazó in limine la petición porque consideró que la acción penal estaba prescripta.
Las agrupaciones apelaron y los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia decidieron anular la resolución de Servini, para que dicte un nuevo fallo.
Sobre el decisorio de la a quo, opinaron que “contiene vicios trascendentes que lo afectan como acto jurisdiccional válido”.
“La omisión de valorar circunstancias y elementos conducentes para la solución del caso, que podrían vincularse estrechamente con lo que ha sido materia de decisión, es causal de descalificación del acto en términos de la doctrina sobre arbitrariedad de la Corte”, concluyeron.
Bajo esas premisas, los camaristas advirtieron que la instructora no valoró todas las aristas que surgen de la impugnación y que pueden estar relacionadas con la pesquisa ni el planteo sobre el posible apoyo de estados y grupos extranjeros.
Además, afirmaron que tampoco abordó la eventual calificación de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra con los nuevos elementos propuestos por los denunciantes, o un posible caso de grave violación de los derechos humanos.
Cobro fraudulento de indemnizaciones
Otra pesquisa que involucra a Montoneros se activó hace poco menos de un año, en julio de 2021, cuando la cámara ordenó que se siga investigando una denuncia por el presunto cobro fraudulento de más de una decena de indemnizaciones por familiares de fallecidos que integraban las filas del grupo.
Con el voto en mayoría de Bertuzzi y Bruglia, el tribunal revocó la desestimación de las actuaciones dictada por el juez Ariel Lijo, por la falta de impulso de la pesquisa por parte del fiscal Federico Delgado. La alzada admitió el recurso presentado por la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, que también solicitó ser tenida como parte querellante.
Bertuzzi y Bruglia revocaron la desestimación de la denuncia postulada por Delgado y le enviaron el caso a Lijo para que, con intervención de la querella, resuelva si corresponde darle curso a la pesquisa.
La denuncia que generó las actuaciones la presentó el periodista José D’Angelo en noviembre de 2019, contra funcionarios y ex funcionarios, por el otorgamiento de 12 indemnizaciones, presuntamente fraudulentas, a familiares de supuestas víctimas del terrorismo de Estado que -según el actor- no lo eran.
Después de cotejar documentos y testimonios de la época, D’Angelo expuso que ninguno de los expedientes que estudió responde a las causales comprendidas en las denominadas “leyes reparatorias”. Así, sostuvo que, de comprobarse los hechos, los beneficiarios serían responsables del fraude ocasionado al Estado, así como quienes los hubieran asesorado para la tramitación y cobro de las indemnizaciones y los funcionarios públicos que aprobaron los pagos que no correspondían, con conocimiento de ello o sin concretar las diligencias necesarias para corroborar la procedencia de aquéllas. Dos violentos episodios que se registraron en Córdoba durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón figuran entre los hechos citados por D’Angelo, autor del libro Mentirás tus muertos.
El primer caso sucedió en agosto de 1975 e involucra a Hugo Therisod, alias “Roque”. Una unidad de combate del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) atacó en forma simultánea la División Informaciones, el Comando Radioeléctrico y el edificio de la Guardia de Infantería de la Policía provincial. Cinco uniformados y Therisod perdieron la vida y los herederos de éste recibieron la indemnización correspondiente a las víctimas del terrorismo de Estado.
El segundo hecho ocurrió en septiembre de 1975, cuando un comando del ERP asaltó un camión de caudales y los custodios del rodado y efectivos de la Policía provincial se enfrentaron a tiros con los guerrilleros. Como consecuencia, murieron Nora Marquardt (alias “Sargento Clara”) y dos empleados de seguridad. Veinticinco años después, los deudos de la abatida cobraron más de 170 mil dólares.
En su planteo, D’Angelo alegó que los casos de “Roque” y de la “Sargento Clara” se enmarcaron en una serie de maniobras que, invocando las leyes reparatorias, posibilitaron defraudar al Estado. Además, sostuvo que se abonaron resarcimientos por decesos de guerrilleros ajusticiados por su propia organización o que murieron por impericia al manipular explosivos.
Monte 29
No fue la primera vez que se pusieron en tela de juicio resarcimientos cobrados por deudos de guerrilleros. En junio de 2019, ex titulares de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación fueron denunciados por presunta defraudación a la Administración pública y falsedad ideológica. Jovina Luna, hermana del conscripto Hermindo Luna, asesinado el 5 de octubre de 1975 en el Regimiento de Infantería de Monte 29, en Formosa, durante un ataque de Montoneros, que dejó como saldo 13 abatidos, denunció que los derechohabientes de nueve de ellos recibieron dinero merced a encuadres apócrifos.
