ESCUCHARLa jueza María Servini denunció por obstrucción de justicia a las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y del Servicio Penitenciario Federal (SPF) porque no colaboraron para investigar un caso por presunta venta de drogas en el Pabellón Universitario de la cárcel de Devoto.
En el caso intervienen el juez Julián Ercolini y el fiscal Guillermo Marijuán.
En septiembre de 2021, la magistrada le pidió al SPF, dependiente de la cartera que dirige Soria y a cargo de María Laura Garrigós de Rébori, que investigara qué sucedía en el Complejo Penitenciario Federal ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En diciembre del año pasado, el SPF le informó que la pesquisa no se había hecho porque carecía de facultades.
Ante ello, mediante oficio, Servini le pidió explicaciones a Garrigós de Rébori, quien en febrero de 2022 indicó que la dependencia que comanda no cuenta con un organismo que pueda hacer las tareas encomendadas; ello así, porque el Departamento de Inteligencia Penitenciaria se disolvió en junio de 2020, en el marco de las denuncias por supuesto espionaje ilegal dentro de las cárceles a presos por corrupción durante el gobierno de Mauricio Macri, y no se creó una división que lo suplantara.
En marzo pasado, la juez le cursó un oficio a Soria y tras varias idas y venidas se determinó que la investigación que encomendó no solo no había comenzado, sino que también había trascendido la orden.
Por ello, Servini denunció a Soria y a Garrigós de Rébori por la demora, obstrucción y divulgación de información reservada.
En el escrito que presentó, escribió: “A casi un año del inicio de las actuaciones y por inacción de las autoridades requeridas, la presente investigación se encuentra en el mismo estado que comenzara. Dicha circunstancia me permite concluir que, sin perjuicio de los numerosos intentos por parte de esta sede de tratar de acreditar y corroborar los extremos denunciados, existió una clara obstrucción que deberá ser investigada y que, en definitiva, se ve reflejada tanto en la falta de celeridad para actuar, como así también en la publicidad que tomó esta investigación, que debió haber sido de carácter reservada”.
