El Comité Ejecutivo extraordinario de la Confederación de Organizaciones Empresariales de España (CEOE) rechazó por unanimidad la propuesta del Ministerio de Trabajo de reducción legal de la jornada laboral a 37.5 horas en 2025.
Se trata del primer rechazo oficial al proyecto tras 11 meses de negociación en la mesa tripartita.
Junto a la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), que la integra, la CEOE planteó seguir el diálogo con los sindicatos.
Los grupos citaron “razones de responsabilidad” para no apoyar una modificación por ley de cuestiones que, consideran, son materia propia de convenios colectivos.
Indicaron que ya se están pactando reducciones de forma bilateral y que, por ello, modificar la normativa supone una intromisión en la autonomía de la negociación colectiva consagrada constitucionalmente en España. Dijeron además que reducir la jornada por ley en todos los sectores y empresas la “debilita” pese a que, según valoraron, fue “fundamental para mantener la paz social” durante los últimos 40 años.
Bajo esa premisa, enfatizaron que la merma le impone a muchas empresas, especialmente a las pymes, “una reorganización forzada que pondrá al límite su capacidad de organización interna y su supervivencia”.
A nivel técnico, CEOE y Cepyme creen que una legislación en la materia “difícilmente” aumentará la productividad, como alega Trabajo.
Precisaron que el tejido productivo está compuesto en alrededor de un 98% por pymes y autónomos, muchos de ellos vinculados a los servicios turísticos. “Adoptar medidas como esta, con carácter general, tiene poco sentido si se tienen en cuenta las enormes diferencias existentes entre los distintos sectores económicos y entre comunidades autónomas”, señalaron al respecto.
En la última propuesta, la cartera que comanda Yolanda Díaz (Sumar) expuso distintas medidas para tratar de convencer a las patronales, como ayudas económicas directas a determinadas microempresas y bonificaciones a las contrataciones de los negocios de menos de 10 trabajadores.
Julio
En julio, la puesta en marcha de la reducción sin merma de sueldos impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) se estancó por la resistencia empresarial.
El Instituto de Estudios Económicos (IEE) advirtió sobre el riesgo de retroceso de la renta per cápita en el país si la medida se aplica “sin que sea consecuencia de una mejora de la productividad”.
“La mayor productividad permite la reducción de la jornada laboral y no viceversa”, subrayó el presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, durante la presentación del informe “La productividad como el gran reto pendiente de la economía española”.
El IEE constató que en la última década apenas mejoró la convergencia de la renta per cápita española con respecto a la europea -en 2013 era el 88.9 % de la europea y en 2023 el 89.2 %-.
Según puntualizó Fernández de Mesa, detrás de los datos hay dos tendencias diferenciadas, ya que entre 2013 y 2018 se produjo una “convergencia fuerte”, que llevó la renta per cápita española al 92.5 % de la europea, y que después se truncó con un alejamiento de la media en el último quinquenio.
Sumó que el “retroceso en la convergencia” está determinado por la productividad, que en España creció la mitad que en la Unión Europea -4.2 % frente al 8.1 %, respectivamente, medida como PIB por hora-.
A eso sumó otro dato: la jornada media se redujo en un 3.4 % en España en la última década, muy por encima del 2 % que mermó de media en la Unión Europea, lo que deterioró la productividad por ocupado, lo que explicaría que la mejora del empleo de los últimos años no se haya traducido en un progreso de la convergencia con la renta per cápita europea.
BVA Research
Poco antes, BVA Research, el servicio de análisis de BBVA, estimó que la reducción podría recortar en torno a un 1 % el empleo.
El economista jefe de BBVA Research para España, Miguel Cardoso, hizo la estimación al presentar las proyecciones de la economía catalana para el período 2024-2025.
Argumentó que en algunos sectores quizá sí sea posible compensar con los márgenes de rentabilidad que tienen, pero concluyó que en otros será imposible.
Consultado por el caso de Cataluña, explicó que el sector servicios cuenta con muchas firmas cuyos empleados son su principal costo laboral y que la merma puede limitar su capacidad de crecimiento. “Si hay desaceleración de la demanda, esa medida puede ser negativa para empresas pequeñas”, sentenció.
En junio, la alianza turística Exceltur reportó que la reducción tendría un costo de más de 2.300 millones de euros anuales en el sector; que generaría un aumento medio del 4.9% de los costos totales de las empresas turísticas y una reducción media del 8.1% de beneficios anuales.
Exceltur consideró más oportuno avanzar con acciones que favorezcan la flexibilidad en la organización del trabajo.
El impacto que calculó deriva de la necesidad de suplir las horas reducidas en puestos donde no es posible compensarlas por un uso “más eficiente” del tiempo; es decir, por ganancias en productividad.