La intervención de los jurados populares no endureció las condenas

La implementación de los jurados populares en Córdoba transita su tercer año. Nació en 2005, con la sanción de la ley 9182, la que fue aprobada en el contexto de un debate nacional que encabezó Juan Carlos Blumberg, en un intento por combatir la inseguridad y endurecer el sistema penal argentino mediante una profunda reforma judicial.
En la provincia, San Francisco se convirtió en la primera ciudad en sustanciar un debate oral con jueces legos. A partir de allí, las discusiones se extendieron y algunos pronosticaron una creciente severidad en la aplicación de penas.
Empero, la realidad demostró que ello no ocurrió. Según un estudio realizado por los licenciados María Inés Bergoglio y Santiago Abel Amietta, publicado en el Anuario XI del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, en los tres primeros años de experiencia de tribunales mixtos con mayoría lega “no se observaron signos de endurecimiento de los castigos penales”.

Al respecto, el informe señala que, a diferencia de lo que se pensaba respecto de la dureza que tendrían los jurados a la hora de condenar a otro ciudadano, “las decisiones contenidas en las sentencias registran altos niveles de unanimidad y, donde técnicos y legos difieren, la postura de los jurados es generalmente más blanda”.
“El análisis individual de las decisiones muestra igualmente que magistrados y ciudadanos eligen condenar y absolver en la misma proporción, aunque sus puntos de vista no necesariamente coinciden en los mismos casos”, agrega la publicación.
El trabajo destaca que el nivel de coincidencia entre las opiniones de magistrados y ciudadanos comunes es alto. En 86,7% de los casos los veredictos son tomados por unanimidad, superando países como Estados Unidos, donde se han encontrado coincidencias entre el juez y los jurados en casos penales que oscilan entre 74 y 78%.
El índice se eleva aún más si se consideran conjuntamente las decisiones unánimes y las tomadas por la mayorías compuestas (dos jueces técnicos y la mitad o más de los jurados). En esos casos, la coincidencia supera 90 %.

Competencia

La publicación destaca que, según las estadísticas, la competencia de los nuevos tribunales mixtos es bastante limitada, representando un porcentaje muy pequeño del total que abordan cotidianamente los jueces.
“En 2006 los homicidios fueron apenas 0,17% del total de delitos cometidos en la provincia y la tasa por este crimen se encuentra en 5,27 cada 100 mil habitantes, un valor significativamente bajo para Latinoamerica”.
Por debajo de ese porcentaje se ubican los procesos por delitos de corrupción en los que están acusados funcionarios públicos. En los tres primeros años de vigencia de la ley, han llegado al jurado sólo dos casos por este tipo de crímenes, remarcó el informe.

Requisitos

La normativa vigente establece que en esta provincia, para formar parte de un jurado popular no es necesario tener formación ni experiencia en leyes. Los jurados populares se designan entre todos los ciudadanos y ciudadanas mayores de edad que se encuentren en situación de pleno ejercicio de los derechos civiles, no tengan antecedentes penales, sepan leer y escribir, no sufran alguna discapacidad grave y vivan en la provincia de Córdoba.
Por cada día de trabajo como jurado popular se percibe una remuneración y el Poder Judicial provee los gastos para el traslado.
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