La instancia puede caducar pese a la falta de firma del secretario del tribunal

Admiten la apelación de la parte demandada y revocan una resolución de grado que rechazaba un incidente de perención por la ausencia de la rúbrica en el poder que legitimaba a la abogada La Cámara 1ª de Familia de la ciudad de Córdoba hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en un juicio de alimentos y revocó la resolución que rechazó un incidente de perención de instancia al considerar que la letrada apoderada no estaba legitimada para hacerlo, puesto que el poder apud acta incorporado en la causa no había sido certificado por el secretario del juzgado. [privado] En consecuencia, la cámara declaró la perención del juicio por alimentos. Los vocales María Virginia Bertoldi de Fourcade y Rodolfo Alberto Ruarte, al analizar la apelación presentada, citaron jurisprudencia del TSJ: “La realidad procesal, el cúmulo de tareas impuestas tanto a los tribunales como a los litigantes, ha ido sin duda morigerando ciertas definiciones conceptuales dogmáticas de la ley adjetiva en orden al aseguramiento y continuidad de los actos procesales en tanto que en ellos no aparezca afectada la misma garantía de defensa en pleito y el principio de bilateralidad del proceso”. Añadió que si bien no es “obviamente” lo mismo la firma del juez que la del empleado, “en realidad dicho pseudo-cargo asegura lo que la ley en definitiva quiere proteger, como es la misma certeza de quienes participan en el acto en cuestión”. En tal sentido, se concluyó que ante el hecho de que el poder apud acta no haya sido firmado por el juez y la secretaria (en ese punto se mencionó la existencia de “un problema de organización de la Oficina Judicial”), habría sido desmedido generar por ello consecuencias gravosas y pérdidas de tiempo de las partes, lo que se sumaría a la que ya padecían, al afirmar que en ausencia de firma certificante, el acto fuese inexistente o nulo de nulidad absoluta. “Ni siquiera encontraría prédica pacífica en el ámbito del derecho sustancial”, destacaron. Constancias A la luz de lo expresado, el tribunal indicó que de las constancias de la causa surgía que la carta poder fue otorgada en el ámbito del juzgado, por lo que esa actuación resultaba válida y oponible a las partes y se insistió en que se corrobora esta afirmación en el hecho que la firma de E. R. P., inserta en la parte final de la carta poder -la que no fue negada por el suscriptor-, fue puesta y controlada por un dependiente del tribunal. En tal sentido se destacó que ese dato surgía de la inicial que se leía en el costado derecho de la hoja, lo cual hacía presumir, “teniendo en cuenta la práctica tribunalicia”, que un empleado del juzgado la recibió y “la inicialó” al comprobar la identidad del presentante. Se agregó, además, que revisado el expediente, y de la comparación de esa signatura con la obrante en el cargo de oficina puesto en el escrito de demanda, se verificaba “a simple vista” que se trataba de firmas idénticas; sólo que la media firma puesta en el poder por el agente del tribunal se observaba al revés con respecto al escrito de demanda. Por lo tanto, en la decisión se estableció que la omisión de firma del secretario no podía dar lugar a la falta de legitimación procesal declarada y el agravio debía ser acogido. Examen Resuelta la cuestión en los términos señalados y reconocida legitimación suficiente a la abogada G. C. R. R. para peticionar la perención de instancia, la sentencia examinó esta última parte. “Del examen del expediente se observa que el último acto que impulsó el proceso es el decreto de fecha cuatro de julio de 2017, por el cual se agrega una cédula que notifica la regulación de honorarios de la perito oficial, licenciada en trabajo social, ya que el pedido de copias efectuado por la profesional y el decreto que lo provee carecen de virtualidad impulsora”, se afirmó en el fallo. Así las cosas, los jueces entendieron que a partir de esa fecha (4/7/2017) existía una “total inercia” de las partes para urgir el trámite del juicio, actitud que subsistía hasta el pedido de perención de instancia formulado por P. el 6/10/2017. Al respecto, se advirtió de que había transcurrido el plazo de tres meses de inactividad que prevé el inciso 3 del artículo 110 del Código Procesal de Familia. Por todo lo dicho, en el fallo se resolvió declarar la perención de la instancia respecto del juicio de alimentos incoado por A. M. P. en contra de su progenitor, E. R. P. Autos: “P., A. M. c/ P., E. R. - Juicio de alimentos - Contencioso - Recurso de apelación” [/privado]

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