ESCUCHAR“La herramienta punitiva es el último recurso al que debe recurrir una sociedad democrática”. En ello coinciden las asesoras de menores del 1º y 4º turno, Raquel Pereyra y Laura Moronta, quienes se manifestaron muy críticas sobre la posibilidad concreta de avanzar en la sanción de un Régimen Penal de Menores.
Para las abogadas la discusión no debe plantearse en términos legislativos sino en el marco de políticas públicas que garanticen a los menores sus derechos más básicos. En contacto directo con los jóvenes en conflicto con la ley penal, aseguran que más del 90% de los niños que han cometido delitos tienen problemas de adicción a las drogas, son adolescentes que no han terminado la primaria y en muchos casos su salud está altamente deteriorada.
“Hay una gran ausencia del Estado y de la sociedad civil en la satisfacción de esos derechos básicos. Estos jóvenes recién se hacen visibles cuando ellos son lesionadores de otros derechos que creemos que merecen protección como la seguridad ciudadana”, sentenciaron.
Moronta y Pereya coinciden que la ecuación se ha invertido: primero incluyo al adolescente en el sistema penal para garantizarle sus derechos, el denominado debido proceso; y después veo como Estado en qué fallé y si es eficaz el contralor del sistema represivo.
“No he escuchado a ningún legislador que hable de nuestro fracaso como sociedad, qué pasa con la deserción escolar, con el consumo de drogas, qué pasa con los chicos de la calle los que ya se ha naturalizado que estén allí”.
