La fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) emitió un informe en el cual confirmó que las fuerzas del gobierno de Venezuela cometieron crímenes de lesa humanidad.
Entre éstos, que citó, figuran tortura, violencia sexual y persecución por motivos políticos.
Según Fatou Bensouda, fiscal de la CPI hasta el pasado 15 de junio, una investigación sobre esos delitos será admisible ante la CPI “en términos de inacción”; es decir, por la falta de voluntad del gobierno de Nicolás Maduro para indagar sobre las denuncias.
La administración venezolana rechazó el lapidario documento y dijo que está dispuesta a trabajar con el fiscal Karim Khan, quien sustituyó a Bensouda, “para que se constate el absoluto compromiso institucional contra cualquier tipo de impunidad y en favor de la protección integral de los Derechos Humanos en Venezuela”.En su informe, la fiscal de la CPI concluyó que la información disponible proporciona una base razonable para creer que al menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas y personas progubernamentales cometieron crímenes de lesa humanidad “de encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional”.