La firma del titular no es condición indispensable

La empresa demandada cuestionaba la legitimidad del título ejecutivo base de la acción, porque no estaba rubricado por la máxima autoridad del organismo demandante sino por un directivo de menor rango. [privado] Si bien la demandada sostuvo que el título base de la acción resultaría inhábil por no contar con la firma de la máxima autoridad del organismo acreedor y sólo fue rubricado por un funcionario de menor rango, la Cámara 1ª Civil y Comercial de Córdoba desestimó tal defensa y confirmó la condena dispuesta al accionado a fin de abonar la deuda reclamada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), tras valorar que las disposiciones legales aplicables no contemplan que, para que sea válido, el instrumento ejecutivo deba ser firmado por el titular de la entidad. La jueza Sylvia Lines (36ª Nominación) arribó a la misma conclusión y ordenó que Soppelsa Inmobiliaria SA pagara más de 29 mil pesos adeudados a la SRT, lo cual fue apelado por la demandada, que insistió en su postura relativa a la supuesta inhabilidad del título en función de que no fue certificado mediante la firma del superintendente. La mencionada Cámara, integrada por Leonardo González Zamar -autor del voto-, Julio Sánchez Torres y Guillermo Tinti, desestimó el carril recursivo interpuesto y ratificó que el instrumento era hábil para reclamar la deuda mediante el procedimiento del juicio ejecutivo. En sus fundamentos, el tribunal de alzada advirtió que la normativa aplicable, las resoluciones Nos. 772/09 y 141/2002, “no establecen que sea el Superintendente el autorizado a certificar los títulos de deuda” y “este solo argumento basta para desechar de plano la interpretación propiciada por el apelante, ya que no es lícito distinguir donde la ley no distingue”. Progreso Así las cosas, el pronunciamiento expuso que “la falencia denunciada en modo alguno enerva el progreso de la acción intentada por cuanto las disposiciones legales implicadas no conducen al resultado que pretende el quejoso”. En otro orden de ideas, el órgano de apelación evaluó que “tampoco puede soslayarse que el demandado, no obstante hallarse anoticiado del trámite administrativo, no utilizó los recursos que la ley le acuerda en dicha instancia y de ser así debió ofrecer prueba que acreditase dicho extremo” relativo a la defensa que planteó y, “de tal manera, no resulta factible mediante este proceso discutir la validez de los actos administrativos involucrados”. Autos: SRT c/Soppelsa Inmobiliaria SA

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