La factura acredita el contrato, no la obligación de pago

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial sostuvo que las facturas no son otra cosa que mera documentación probatoria que, en todo caso, sólo acreditarían la celebración del contrato pero no la certeza sobre la exigibilidad de la obligación de pagar el precio.
El precepto fue referido en la causa “María Mater SA le pide la quiebra Axis Pharma SA”, donde la peticionaria apeló el rechazo de su pedido.
Los jueces Pablo Heredia y Gerardo Vassallo, de la Sala D, sostuvieron que el artículo 83 de la ley 24522 prevé que “si la quiebra es pedida por acreedor, debe probar sumariamente su crédito, los hechos reveladores de la cesación de pagos, y que el deudor está comprendido en el art. 2°”, agregando que “los documentos acompañados a tales efectos, esto es, facturas y sus remitos, son insuficientes para tener por cumplido uno de esos recaudos, esto es, producir la sumaria acreditación de la condición de acreedora que la norma requiere”.
La sentencia indicó que “la eficacia probatoria de una factura mercantil, con respecto a la existencia de un crédito en favor de quien la emite, depende prácticamente de la prueba, más o menos extensa, vinculada con su recepción y, en caso de no haber sido conformada, de que transcurrió el plazo legal para impugnarla, y a pesar de demostrarse todo ello, el crédito no sería todavía indubitable, en tanto la presunción de la existencia de una ‘cuenta liquidada’ es iuris tantum”.
Tras recordar que, como regla, “las facturas emanadas del propio acreedor no son instrumentos hábiles para peticionar la quiebra”, los jueces interpretaron que “las facturas no son otra cosa que mera documentación probatoria que en todo caso sólo acreditarían la celebración del contrato pero no la certeza sobre la subsistente exigibilidad de la obligación de pagar el precio, la cual no se sigue mecánica y fatalmente de esos antecedentes, requiriendo por lo general un grado de conocimiento que sería impropio de este tipo de procesos (arg. art. 84 in fine, LCQ)”.
Al confirmar la decisión, los camaristas resaltaron que “no desvirtúa en modo alguno la solución propuesta el hecho remarcado por la peticionaria de haberse enviado una incontestada carta documento a la presunta fallida”, debido a que “la naturaleza meramente probatoria de ese instrumento no es suficiente per se para concluir por la actual exigibilidad de la acreencia de que se trata (art. 84 in fine, LCQ)”.
En consecuencia, el tribunal dispuso que “esa documentación no es idónea o eficaz para demostrar la calidad de acreedora de la peticionaria”, reiterando que “en tanto la apertura de crédito no predica por sí sola sobre la existencia de una obligación líquida y exigible, requisito insoslayable para la viabilidad de la pretensión”.