La Defensoría penal avanza con reformas para mejorar la gestión

Un grupo de asesores letrados trabaja en un proyecto para dotar de mayor celeridad y eficiencia los procesos. El objetivo es que comiencen a compartir información, darles trazabilidad a las tareas encomendadas y medir el trabajo

Dotar de mayor celeridad y eficiencia los procesos judiciales es un objetivo y un reclamo de todos los operadores judiciales, que no se resume exclusivamente en la sanción de leyes de reformas de los códigos procesales.

Esta semana se conoció que el fuero laboral comenzará a clasificar sus causas en tres categorías (simples, intermedias y complejas) y que dejará de lado como criterio exclusivo que las causas más antiguas sean las que tienen prioridad en la fijación de audiencias de vista de causa. La decisión fue adoptada por el Tribunal Superior de Justicia mediante una acordada, pero fue producto de un trabajo anterior realizado de manera conjunta por el Colegio de Abogados de Córdoba y la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia.

Esta forma de entender que hay que mejorar los procedimientos “puertas adentro de tribunales” también se refleja en otros fueros. Por ejemplo, en los tribunales penales un grupo de asesores letrados coordinados por el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales del Tribunal Superior de Justicia (CEPJ), trabaja en la readecuación de sus procesos.

El proyecto fue denominado “Mejora en la gestión de casos de la defensa penal” y tiene varios objetivos a cumplir, según explicaron a Comercio y Justicia Martín Franco, del CEPJ, y el asesor letrado Martín Cafure.

La idea es que las asesorías comiencen a compartir información para no repetir procesos; darles trazabilidad a las tareas encomendadas y realizadas y poder medir el trabajo y los recursos.

Como primer paso, el TSJ ya aprobó un formulario de contacto, en el que se registrarán y compartirán con todos los usuarios autorizados, la información resultante de la primera oportunidad de acercamiento con el asistido.

“Si una asesoría entrevistó al sujeto ‘X’ pero por cualquier motivo esa defensa luego pasa a estar a cargo de otra asesoría, la idea es que el trabajo realizado se capitalice y no se deba volver a entrevistar al defendido con ese fin”, precisó a este medio Cafure.

Se establece, además, que la carga de información debe estar estandarizada, lo que permite relevar datos estadísticos y darles trazabilidad a las tareas asignadas.

“Hoy la primera entrevista se realiza de manera personal e incluye sólo la información que el operador considere necesaria en el momento, y su registro es privado. El nuevo sistema implica estandarizar una tarea que parece simple pero no lo es, como es la entrevista. Consensuar los puntos vitales de esa primera entrevista a través de este nuevo sistema permite que no se deba repetir el trabajo y, ante una eventual urgencia, tener la información necesaria para llevar a cabo una acción”, explicó el asesor letrado.

Contar con un historial también permite conocer las intervenciones que tuvo la defensa pública en los casos en que estuvo implicado un sujeto y esa información servirá para tomar decisiones estratégicas iniciales, y para entender retrospectivamente el tratamiento que se le dio al caso, y por qué.

Escritos estándares

Otra de las herramientas que se está desarrollando dentro del sistema es la puesta a disposición de escritos que facilitan la litigación. En algunos casos, al momento de confeccionar los escritos sólo varían algunos datos, situaciones para las cuales se propone que estos escritos sean incorporados al sistema para que el operador, de manera automática, pueda completarlos con los datos del representado precargados en el sistema y queden listos para su presentación. Esto ahorra tiempo de trabajo y estandariza las tareas.

“El sistema es sólo una herramienta pero, al posibilitar todas estas acciones, bien utilizado va a proporcionar la posibilidad de superarnos y hacer más eficiente nuestro trabajo. En definitiva, implica una readecuación de los procesos de trabajo y una reingeniería de procedimientos administrativos con el fin de registrar en un sistema informático datos en forma homogénea, integral y funcional a la labor, aplicable a todos los casos que atendemos las asesorías penales de la Provincia de Córdoba”, concluyeron Franco y Cafure.

Objetivos del programa

• Facilitar las tareas de registro de datos, cuestión que luego influye en la toma de decisiones estratégicas.
• Posibilidad de ahorrar tiempo de trabajo al compartir información causídica entre todas las asesorías y la automatización en la confección de escritos simples.
• Posibilidad de medir estadísticamente el trabajo de cada organismo y de la defensa en su conjunto.