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La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió suspender las elecciones que iban a tener lugar el próximo domingo en San Juan y Tucumán. Las mismas habían estado envueltas en la polémica por la posible incapacidad de Uñac y Manzur, respectivamente, para encarar un nuevo mandato de gobierno.
Los cordobeses no llegamos de manera abstracta a la conclusión de que hay que respetar los mandatos constitucionales, sino que fue el tercer mandato de Eduardo Angeloz el que convenció a los cordobeses de que viene bien ponerle un límite a las reelecciones. Los 24 años de Unión por Córdoba/Hacemos por Córdoba han puesto a prueba esa máxima, pero al menos ha habido alternancia en los nombres, al punto que Schiaretti no fue candidato a la reelección en 2011 porque ya había sido vicegobernador hasta el 2007.
Tucumán y San Juan parecen no estar convencidos de que la alternancia -sino de partidos, aunque sea de nombres- es fundamental para la buena salud de la democracia. Si bien sus constituciones imponen restricciones a las reelecciones, los que tienen el poder no parecen tener ganas de soltarlo. “Los hombres son buenos, pero si se los controla son mejores”, decía el General Perón. Aunque no comparto esa máxima, las constituciones provinciales deberían ser suficiente control para los abanderados del partido del General.
La decisión de la Corte es fundamental para tratar de retomar cierta senda de normalidad institucional que se empezó a perder en los años posteriores a la crisis de 2001. No es que antes de eso haya sido un paraíso de virtudes republicanas, pero el manoseo de las normas políticas, electorales y de gobierno se convirtió en lo habitual en el sistema político argentino.
Dobles candidaturas, candidaturas testimoniales, elecciones al Parlasur, desdoblamientos caprichosos, intentos por elegir consejeros al Consejo de la Magistratura, la implementación de las PASO, el intento por derogarlas, la efectiva postergación en 2021, las reelecciones indefinidas, las reformas de las constituciones provinciales, los cambios de domicilio de los candidatos… hemos visto muchísimas cosas que se vendieron como picardía política pero eran simples martingalas de estafadores de la buena voluntad ciudadana.
La Corte Suprema decidió pararse en el lugar que le atribuye la Constitución Nacional, haciendo de guardiana de los valores republicanos que estructuran todo el sistema político. En el juego de frenos y contrapesos decidió hacer valer su posición de custodia de las reglas que permiten la convivencia democrática.
Ciertamente hay allí también un cariz político, porque desde su concepción el máximo tribunal es un órgano político, que hace política y que busca equilibrar la balanza de la política interna. El enfrentamiento que hace tiempo mantiene contra el Gobierno Nacional la deja más expuesta a los ataques, que sin embargo no pueden torcer la misión que le fue encomendada por los legisladores, que es la de compensar la dinámica del Poder Ejecutivo con decisiones basadas en la estática de normas y sentencias apiladas durante añares.
Durante mucho tiempo las provincias del interior profundo del país se dedicaron a realizar interpretaciones extrañas, casi oscurantistas, de las normas políticas. Siempre el objetivo fue erosionar los rudimentarios sistemas de control existentes en aquellos territorios, privilegiando las alianzas políticas para la gobernabilidad nacional por sobre la calidad de vida -material y democrática- registrada en esos páramos distantes de la Argentina que se piensa desde el puerto.
Algunos de los que se enojan con la Corte plantean el tema de los plazos, ya que suspender una elección a cinco días de concurrir a las urnas parece una amenaza al sentido común. Sin embargo, ¿cómo se podría retrotraer los efectos de un resultado presuntamente ilegal pero bañado de la legitimidad de las urnas?.
Las reglas institucionales son la cristalización de acuerdos alcanzados tras períodos turbulentos de inestabilidad. A medida que pasa el tiempo respecto a aquellos sucesos, el recuerdo se hace brumoso y las normas parecen un simple decorado para la lucha del poder. En realidad son el corazón mismo de un sistema que evita que la lucha cruce límites que le restarían competitividad, representatividad y respeto por las minorías.
Es casi seguro que el fallo (que todavía no tocó la cuestión de fondo) no evitará que los oficialismos ganen en esas provincias, manteniendo la tendencia que vienen marcando hasta ahora las elecciones locales. Además se sumará el hecho de que la tensión será vendida por los consultores locales como una intromisión centralista sobre la autonomía provincial, una causa que siempre parece vender bien en provincias orgullosas de su identidad.
Con todo, la decisión de la Corte parece ser adecuada a las atribuciones jurídicas y políticas que tiene, pero fundamentalmente parece estar perfectamente alineada con los valores republicanos consagrados en la Constitución de la que emanan su autoridad y el orden político nacional. Lo que resta esperar ahora serán tironeos políticos menores vestidos con grandes muestras de verborragia, esos que suelen acompañar los embates de una facción política que -a la luz de este tipo de derrotas- parece muy lejos de aquellos años en los que la Corte le avalaba sus intentos de innovación y manipulación de las reglas electorales
