La Corte Suprema informó que cuenta con una reserva de 11.000 millones de pesos colocada en los bancos

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) presentó su informe de gestión de los últimos ocho años. En una reunión presidida por su secretario General de Administración, Daniel Marchi, en la que estuvieron presentes su presidente, Ricardo Lorenzetti, y el ministro Juan Carlos Maqueda, la Corte rindió cuentas de sus gastos desde 2008 hasta fines de agosto de 2016.
El informe se acompañó de un detalle de la ejecución de obras de infraestructura ejecutadas y en ejecución, como la de Comodoro Py -donde funciona la Oficina de Violencia Doméstica- o la del archivo de expedientes y depósitos de automotores para subasta.
Según la Secretaría General de Administración, se viene aplicando a su gestión los principios de “responsabilidad fiscal”, como el equilibrio financiero y la administración de gastos. Siempre según el texto del informe, merced a esa “política” se lograron registrar 104 meses seguidos de superávit y, gracias a eso, las arcas de la Corte cuentan con una reserva de $11.000 millones colocada en bancos públicos.
La CSJN brindó comparaciones con los presupuestos y ejecuciones presupuestarias con la Administración Pública Nacional. El informe expone que durante el período 2008-2016 los superávit de la Corte fueron parte del superávit de la Administración Pública, y que, cuando los números dieron en rojo, fue la propia Corte que “ayudó” a disminuir el déficit.
Siempre según el detalle publicado, en términos de ejecución presupuestaria, la Administración Pública Nacional se muestra deficitaria en $700.000 millones, mientras que en el Máximo Tribunal se jactan de tener superávit de $10.000 millones. Las comparaciones siguen: La CSJN dice que se bajó la cantidad de personal, que en 2008 era de 77% y en 2016 de 63%, “lo que contrasta con el crecimiento de la Administración Nacional, cuyo crecimiento superó 36% en ese mismo período”.
El informe de gestión además se encarga de aclarar que la Corte ninguna relación tiene con el Consejo de la Magistratura en materia de gastos. Señala que las erogaciones del Alto Tribunal son en ejercicio del gobierno del Poder Judicial de la Nación y que el Consejo es “otro órgano del Poder Judicial con administración propia”.
“Esto significa que la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura tienen sus propias administraciones, sus propios presupuestos y sus propios criterios de administración” reitera el informe.