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La Corte admitió la queja de la fiscal anticorrupción de Entre Ríos

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La Corte Suprema de Justicia hizo lugar al recurso de queja planteado por la defensa la fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, sometida a un jury de enjuiciamiento por su actuación en una investigación que descubrió una red de desvío de fondos públicos.

La Máxima Instancia estableció que al rechazar por defectos formales la apelación de Goyeneche contra el proceso que podría derivar en su destitución, el Superior Tribunal entrerriano atentó en contra de la garantía de la defensa en juicio.

Así, instó a los jueces locales a tomar la causa y a resolver la cuestión de fondo planteada por la funcionaria.

“La decisión apelada cierra toda posibilidad -actual o futura- de que la actora pueda plantear judicialmente la alegada irregularidad en la conformación del órgano acusador, agravio que invoca como una afectación del debido proceso constitucional”, argumentó la Corte.

La causa se originó en un amparo que presentó Goyeneche para impugnar una resolución dictada en el marco del jury: la decisión de impedir que los fiscales intervengan en ese proceso, una decisión que provocó que se tuviera que designar a un abogado de la matrícula para acusarla.

Gastón Justet fue el letrado ad hoc que aceptó el cargo luego de que varios de sus colegas se negaran a cumplir esa función.

El argumento para esa designación fue que todos los fiscales de la provincia dependen jerárquicamente de ella y del procurador Jorge García, también denunciado.

Goyeneche fue suspendida el 30 de noviembre del año pasado, cuando el Jurado de Enjuiciamiento le abrió un proceso por supuesto mal desempeño en una pesquisa por contratos irregulares en la Legislatura entrerriana.

En ese expediente, elevado a juicio, se determinó que hubo un desvío de USD 52,5 millones de las arcas del Estado que se concretó mediante el cobro irregular de beneficios por medio de tarjetas de débito.

A la fiscal anticorrupción se le enrostra no haberse excusado pese a que su marido era amigo y fue socio de uno de los imputados.

Pese a que hace 10 días la Corte pidió el expediente, el proceso contra Goyeneche siguió su curso.

Desde el lunes, la fiscal cuya investigación permitió, entre otras cosas, la condena del ex gobernador Sergio Urribarri, está sentada en el banquillo y podría terminar destituida y e incriminada en una causa penal.

La mujer promovió un amparo denunciando irregularidades en el jury.

En enero, la jueza de feria Elena Albornoz lo aceptó y consideró válidos los cuestionamientos de Goyeneche. Luego, el alto tribunal local revocó esa decisión.

Ante ello, presentó un recurso extraordinario que también fue denegado y optó por la queja para llegar a la Corte, que entendió que la decisión de rechazar el amparo por cuestiones formales fue arbitrario.

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