La comisión de expertos entregará hoy a Alberto Fernández el proyecto de reforma judicial

Propone cambios en el Consejo de la Magistratura, la creación de un tribunal intermedio que descongestione la Corte Suprema y modificar el mandato del procurador

El Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial creado por el Gobierno nacional presentará hoy su dictamen con “propuestas y recomendaciones” al presidente Alberto Fernández. [privado]

Los expertos, quienes desde hace ya más de tres meses vienen trabajando en reformas a la Justicia, se desempeñaron en forma paralela a la reforma judicial que el oficialismo envió al Congreso para reformar el fuero Federal, cuyo proyecto, hasta el momento, logró la media sanción en el Senado.

El informe final contará con recomendaciones sobre el buen funcionamiento de organismos como la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa y en principio no sugeriría modificaciones en el número de integrantes del Máximo Tribunal, como se especuló al conocerse su conformación. También estudia el “sistema de juicios por jurados”, el “modo de finalizar el proceso de transferencia de competencias en materia penal no federal a la Ciudad de Buenos Aires” y cómo reasignar funciones al actual fuero Nacional en lo Criminal y Correccional porteño, tal como lo pidió el Poder Ejecutivo al crearlo.

Las propuestas del dictamen “no son vinculantes”, por lo que el Presidente podrá o no tener en cuenta las que considere pertinentes para modernizar la Justicia. El dictamen será un conjunto de sugerencias respaldadas, algunas por mayorías o por mayorías absolutas, e incluso por dictámenes de minorías.

Existe un acuerdo generalizado en efectuar recomendaciones sobre mecanismos para garantizar la paridad de género en la Justicia, el uso de la tecnología o la federalización y la democratización del Poder Judicial.

Cambios

Una de las cuestiones delicadas versa sobre la forma de elegir al procurador General de la Nación. La mayoría se inclinaría por la opción de la mayoría absoluta como forma de elección del jefe de los fiscales, es decir, la mitad más uno de los miembros del Senado. Además, se busca ponerle un plazo al cargo -que deje de ser vitalicio- y que la destitución se mantenga en los dos tercios.

El texto, que consta de más de 500 páginas, también propone la creación un tribunal de casación intermedio para descongestionar de expedientes la Corte Suprema. Del mismo modo, también se analizan recomendaciones para modificar la integración del Consejo de la Magistratura

El Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público está conformado por Claudia Beatriz Sbdar, Hilda Kogan, María del Carmen Battani, Marisa Herrera, Inés Weinberg de Roca, Carlos Alberto Beraldi, Andrés Gil Domínguez, Omar Palermo, Raúl Gustavo Ferreyra, León Arslanian y Enrique Bacigalupo.

Fueron invitados a exponer el procurador interino, Eduardo Casal, la defensora General Stella Maris Martínez, el titular del Consejo de la Magistratura Alberto Lugones y el representante del gremio de los judiciales Julio Piumato. También participaron las asociaciones de Magistrados y Argentina de Juicio por Jurados, y la Academia de Ciencias Morales y Sociales, entre otras. Incluso se invitó a la titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y a la representante de Madres Línea Fundadora, “Taty” Almeyda. La Corte Suprema estuvo ausente.

En el Senado

Mientras tanto, el Senado avanza en el tratamiento y discusión de una serie de proyectos legislativos para modificar las leyes orgánicas del Ministerio Público de la Nación.

Por medio de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, los senadores concluyeron con la etapa de las disertaciones. La comisión presidida por el senador por Neuquén Oscar Parrilli (FdT) tiene en sus manos cuatro proyectos de ley: dos de autoría de la senadora por Neuquén Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), uno del senador Martín Lousteau (UCR) y otro, reciente, de Alberto Weretilneck (Somos Río Negro).

Los textos contienen profundas diferencias relativas a la mayoría necesaria para elegir al procurador General y el defensor General de la Nación, como también divergencias sobre la duración de estos cargos. [/privado]