ESCUCHARSerá mañana a las 12 en el Salón Illia. Para conseguir su nombramiento, Cambiemos necesita conseguir 48 votos
El pasado 31 de julio, la jurista Inés Weinberg de Roca sorteó la audiencia pública en el Senado y mañana la Comisión de Acuerdos se reunirá para analizar su pliego, enviado por el presidente Mauricio Macri. Para designar a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia porteño como nuevp procurador General de la Nación -cargo que permanece vacante desde la salida de Alejandra Gils Carbó-, Cambiemos necesita alcanzar un acuerdo previo con sectores de la oposición.
El aval para el nombramiento se logrará con los dos tercios de los votos: sobre un total de 72, se necesitan 48. Es decir que a los 25 miembros del interbloque oficialista les faltan unos 23 votos adicionales.
Pero antes de llegar al recinto, el oficialismo tendrá la primera prueba mañana a las 12, en el Salón Illia, cuando se reúna la comisión que preside el salteño Rodolfo Urtubey, del Partido Justicialista (PJ). Allí éste cuenta con siete integrantes, el oficialismo con seis, el kirchnerismo con dos y completan la lista el misionero Maurice Closs y el puntano Adolfo Rodríguez Saá.
La postulación de Weinberg de Roca recibió más de 900 adhesiones pero también impugnaciones de organismos de derechos humanos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo. Durante su larga exposición en el Congreso, la candidata a jefa de fiscales destacó que “la estructura de la Procuración está sobredimensionada” y que, de ser elegida, impulsará un “rediseño y adecuación de los recursos”.
Además, mencionó que existe un “desequilibrio” entre el personal asentado en la ciudad de Buenos Aires y el de las fiscalías en las provincias. Expresó también que en caso de ser nombrada respaldará “a la procuraduría especializada en corrupción y a los fiscales” que investigan estos casos. “En cuanto al narcotráfico, profundizaré la interacción con organismos nacionales e internacionales”, amplió, y sostuvo que continuará con “los programas especiales para víctimas de trata y explotación, víctimas de maltrato y abuso infantil, violencia de género y violencia institucional”.
