ESCUCHAREl fiscal Amayusco rechazó el archivo del expediente. Lo pidió la defensa del ex secretario privado del intendente, quien alegó que su cliente pagó de su bolsillo el viaje a Corrientes.
El fiscal Anticorrupción, Hugo Amayusco, rechazó ayer el pedido de archivo de la causa por supuestas dádivas contra el intendente de Córdoba, Ramón Mestre, su ex secretario privado, Juan Pablo Ostanelli, y el viceintendente, Marcelo Cossar.
La solicitud había sido presentada por el abogado de Ostanelli, quien señaló que la acción atribuida a su cliente es “atípica” para el Código Penal (CP), por lo que no existe delito.
Según el letrado, el artículo 17 del CP indica que “no hay encuadramiento para una acción penal ya que los acusados abonaron de su propio bolsillo los gastos del viaje a Corrientes”, en diciembre de 2013.
Pese al planteo del abogado, al recibir el escrito el fiscal Amayusco lo desestimó por considerar que hay abundante prueba para continuar con la investigación.
Ahora la decisión quedó en manos de la jueza de Control, Ana María Lucero Offredi, quien deberá decidir si coincide con el fiscal o archiva la causa. En la práctica esto significará una nueva dilación en su instrucción.
Los antecedentes
Cabe recordar que la denuncia contra el intendente y dos de sus funcionarios fue presentada por el senador nacional por el Frente Cívico, Luis Juez. La Justicia investiga un viaje de esos funcionarios a una fiesta en Corrientes de la empresa Ersa, concesionaria de servicios de transporte e higiene en la ciudad de Córdoba.
En un primer momento, el viceintendente dijo que los gastos no los pagó la Municipalidad pero no dijo quién abonó el viaje. Después, el intendente Mestre aseguró que él costeó los gastos del hotel.
Si bien la denuncia de Juez data del 21 de abril pasado, en primera instancia fue presentada ante la Justicia federal porque el propio denunciante interpretó que esos hechos podrían tener vinculación con otros que él mismo había planteado en ese ámbito.
Se refería así a la denuncia que formuló por el supuesto cobro indebido de la UTE Ersa-Autobuses Santa Fe de subsidios nacionales que a su criterio debía percibir Tamse.
Luego la Justicia federal desestimó que hubiera vinculación objetiva entre ambas causas y optó por remitir la de las supuestas dádivas a la órbita provincial.
