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La causa de Thales Spectrum no prescribió

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La Cámara Federal porteña confirmó que la causa por la concesión del espacio radioeléctrico argentino a la multinacional francesa Thales Spectrum, durante el menemismo, y en la que está imputado el ex intendente de Córdoba, Germán Kammerath, seguirá adelante. Así lo decidió el tribunal de apelaciones tras rechazar los recursos de dos de los doce imputados que tiene la causa: el ex presidente de la Comisión de Seguimiento y Preadjudicación, Alberto Gabrielli, y un ex miembro de ese cuerpo, Matías Bourdieu.

A criterio de la Cámara, los plazos de la prescripción deben computarse desde 2004, cuando se rescindió el contrato a Thales Spectrum.

En ese marco, todos los procesados -entre ellos el ex presidente Carlos Menem y el mencionado Kammerath- afrontarán un juicio oral y público una vez que el juez federal Sergio Torres dé por cerrada la investigación.

Cabe recordar que los doce procesados fueron acusados del delito de fraude a la administración pública previsto en el artículo 174, que castiga con penas de dos a seis años de prisión.

En la causa se investiga el supuesto cobro de unos 25 millones de dólares en sobornos para otorgar la concesión a Thales hasta 2012. El proceso de licitación, según sostiene la Justicia, estuvo armado a la medida de los intereses de la firma francesa.

El contrato fue anulado en 2004, luego de un informe de la Auditoría General de la Nación que advirtió los incumplimientos de la empresa.

Tras ello, la Justicia abrió una investigación en la que el juez federal Jorge Urso dictó sobreseimientos parciales por entender que no hubo irregularidades.

Sin embargo, la Fiscalía y la Oficina Anticorrupción apelaron con base en las pruebas que detallaban supuestas cuentas secretas a las que se habrían girado unos 25 millones de pesos de posibles sobornos. Luego, la Sala II de la Cámara revocó el fallo de Urso porque -se dijo- "carece de soporte real, posee una fundamentación deficiente y resulta prematuro".

Según una de las pericias aludidas por la Cámara, en el caso habría habido "un porcentaje de incumplimiento integral del contrato del 66,99 por ciento", que se traduciría en "671.831.357,09 pesos".

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