El titular de la firma deberá continuar en prisión acusado de ser el jefe de una asociación ilícita. Darío José Ramonda, de Centro Motors, fue el único beneficiado con la resolución: los camaristas le dictaron la falta de mérito
La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó ayer las acusaciones contra Eduardo Daniel Rodrigo, en la causa que investiga las irregularidades producidas por la financiera CBI Cordubensis SA, (CBI) y ratificó su prisión preventiva.
En el mismo sentido que se había pronunciado el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, la Sala B de la Cámara Federal entendió que Rodrigo fue el jefe de una asociación ilícita involucrada en los delitos de intermediación financiera no autorizada agravada, lavado de activos agravado, evasión tributaria agravada, defraudación por administración fraudulenta y defraudación por retención indebida.
Además de confirmar la continuidad del proceso para el resto de los socios de CBI -Julio César Ahumada, Aldo Hugo Ramírez, Oscar Américo Altamirano y Daniel Arnoldo Tissera- como miembros de esa asociación ilícita, sobresale en la resolución conocida ayer el dictado de falta de mérito al empresario Darío José Ramonda, conductor de la firma Centro Motor.
En cambio, continuará vinculado con el proceso su padre, Darío Oscar Ramonda, quien quedó dentro de la asociación ilícita liderada por Rodrigo, como aportante de fondos.
Cabe recordar que los Ramonda habían sido nombrados como protagonistas de la mesa de dinero ilegal en la carta póstuma del empresario fallecido Jorge Suau, en la que éste indicaba que Centro Motors -concesionario automotor propiedad de los Ramanda- realizaba lavado de dinero con la compraventa de autos usados, y con las diferencias de precios de las compraventas de coches en general que realizaba a diario. Además, agregaba que a “CBI concurrían los compradores o vendedores para abonar las operaciones en negro. De hecho existían en CBI reciberos en blanco que eran completados por Rodrigo o alguno de los tesoreros por el que ingresaban operaciones y se transferían ingresos”.
Con estos datos, la fiscalía de Enrique Senestrari -en aquel momento a cargo de la causa- había logrado confirmar indicios que sindican a los Ramonda como socios de CBI desde 2008.
Respecto de Suau, vicepresidente de CBI, la Cámara rechazó el decomiso de sus bienes. En esta oportunidad, el tribunal estuvo conformado por las camaristas Liliana Navarro (presidenta) y Graciela Montesi, y por el camarista Eduardo Ávalos.
La causa
La causa por la financiera ilegal CBI se inició luego de que uno de los socios y directivos, Suau, apareció muerto en la zona de Alta Gracia el 13 de febrero de 2014, en el interior de su camioneta a medio incendiar, en un camino rural cercano a la localidad de Rafael García, cuya muerte fue caratulada como suicidio.
Suau había enviado antes de su muerte una carta al fiscal Senestrari, denunciando el lavado de dinero que se hacía en la financiera, e involucró en esas maniobras al presidente de ésta, Eduardo Rodrigo, y a otros socios de la firma.
En este contexto, Senestrari llevó adelante la investigación por el supuesto vaciamiento de 700 millones de pesos por parte de una financiera, luego de lo cual pidió el procesamiento de 36 imputados.
En la causa se investigan presuntas estafas, evasión de impuestos, comercio ilegal de divisas, intermediación financiera no autorizada y lavado de dinero por cifras millonarias por intermedio de la financiera CBI Cordubensis.
