ESCUCHARLa Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (Aiamp) expresó en un comunicado su preocupación por «los actos de presión y agresión» del oficialismo para remover de su cargo al procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal.
En una declaración que formaron responsables de organismos similares a los que dirige Casal en 12 países -entre ellos, de España, Brasil, Uruguay, Chile y Colombia-, el grupo llamó a «defender la independencia y la autonomía» de la institución.
En esa línea, señaló que las presiones al funcionario «afectan los esfuerzos por promover y defender los derechos de la sociedad en su conjunto y la mantención del Estado de Derecho». En tanto, el documento añade que cuando aquellos ataques son dirigidos contra los fiscales o procuradores Generales, por actos propios de sus funciones, “pueden constituir formas de hostigamiento que afectan a los Ministerios Públicos en su conjunto y lesionan su necesaria autonomía e independencia».
Asimismo, los fiscales de la región destacaron que «la autonomía del Ministerio Público frente a los poderes legislativo y ejecutivo constituye una garantía para la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la independencia de los tribunales y la credibilidad del sistema de justicia».
En ese contexto, expresaron su preocupación por maniobras que “podrían constituir presiones indebidas sobre el Ministerio Público Fiscal de la República Argentina y su titular interino, el fiscal de carrera Casal».
El comunicado fue rubricado por los procuradores generales Alfons Alberca Sanvicens (Andorra); Augusto Aras (Brasil); Francisco Barbosa Delgado (Colombia); Dolores Delgado García (España); Sandra Quiñonez Astigarraga (Paraguay); Lucilia Gago (Portugal); Juan Lanchipa Ponce (Bolivia); Jorge Abbott Charme (Chile); Diana Salazar Méndez (Ecuador); Eduardo Ulloa Miranda (Panamá); Zoraida Ávalos Rivera (Perú) y Jorge Díaz Almeida (Uruguay).
Casal sucedió a Alejandra Gils Carbó. El Frente de Todos busca removerlo para que acceda otro interino, porque no cuenta con los votos necesarios en la Cámara de Senadores para designar formalmente a un nuevo funcionario.
El candidato que presentó el presidente Alberto Fernández es el actual juez federal Daniel Rafecas.
Gils Carbó
Gils Carbó dimitió en octubre de 2017, luego de reiterados reclamos de la administración macrista de que cesara en sus funciones.
Cuestionada por su militancia en el kirchnerismo, el anterior gobierno hizo diversos intentos en el Congreso por separarla del cargo. Inclusive se abrió un proceso en la Comisión de Seguimiento del Ministerio Público y Fiscal para evaluar su trabajo, con la intención de avanzar con el juicio político.
La ex procuradora renunció tras quedar procesada por corrupción, en el marco de una causa por la compra irregular de un edificio para la repartición. Luego de que trascendió esa medida, el entonces ministro de Justicia, Germán Garavano, le pidió que diera un paso al costado, dada la gravedad institucional que suponía que un subordinado -en el caso, Eduardo Taiano- estuviera investigándola.
El desempeño de Gils Carbó comenzó a ser criticado antes de que Cristina Fernández de Kirchner dejó el poder.
A poco de asumir, en agosto del 2012, redactó un nuevo reglamento de concursos y asumió la facultad de designar a los jurados que evaluarían a los candidatos a fiscales de manera discrecional, dejando sin efecto la manda que ordenaba que fueran sorteados.
Ese método permitió que cargos estratégicos se cubrieran con miembros de Justicia Legítima.
En diciembre del 2014 designó a 18 subordinados en todo el país y la Asociación de Magistrados alertó que la medida podría encubrir la intención de controlar investigaciones penales por corrupción en curso.
