ESCUCHAREl pedido de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para Cristina Fernández de Kirchner en la causa Validad motivó que el presidente Alberto Fernpandez emitiera polémicas declaraciones en su cuenta oficial de Twitter.
Luego de que el fiscal Diego Luciani efectuara su solicitud ante el Tribunal Oral Federal 2, el mandatario escribió: “Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas. Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta”.
Poco después, consideró que hay “una persecución judicial y mediática” en contra de la alta funcionaria.
Ante ello, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Nación (AFFUN) manifestó su “honda preocupación” por la publicación del jefe de Estado.
El grupo sostuvo que cuestionamientos de aquella índole “vertidos a través de redes sociales y provenientes de la más alta autoridad del Poder Ejecutivo” son “una injerencia en el sistema de justicia y en el desempeño del Ministerio Público”, a la luz de “las cláusulas constitucionales que le aseguran independencia y autonomía en el desempeño de sus funciones”.
También recordó que en el juicio todavía resta que se pronuncien las defensas de los acusados, que a partir del 5 de septiembre darán sus razones “en el ejercicio del derecho de defensa y el estado de inocencia que aún perdura entre los imputados” y enfatizó que el debate es el “lugar indicado por la ley para que tal hecho se produzca”.
“Solicitamos la debida prudencia que aleje toda posibilidad de vulneración de los principios republicanos al no respetarse la división de poderes”, pidió la entidad encabezado por Carlos Rívolo y Susana Pernas.
El posteo del Fernández fue una suerte de introducción a un comunicado oficial de la Casa Rosada, que reza: “El Gobierno nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada causa Vialidad”.
Presidencia también afirmó que que “ninguno de los actos atribuidos a la ex presidenta ha sido probado”.
A su vez, indicó que “toda la acusación que se le carga se refiere únicamente a la función que ejercía en ese período, lo cual degrada lastimosamente los más elementales principios del Derecho Penal moderno”.
Asimismo, expresa su “solidaridad” con la acusada frente a lo que definió como “persecución y búsqueda de proscripción”.
