ESCUCHARMediante un comunicado, la Asociación Mutual de Israelita Argentina (AMIA) y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) ratificaron las investigaciones judiciales argentinas que revelaron la participación de Irán en el atentado terrorista de julio de 1994.
«AMIA y DAIA, organizaciones centrales de la comunidad judía argentina, ponen de manifiesto y recuerdan que la causa judicial que se lleva adelante en nuestro país por el atentado terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la sede de Pasteur 633, determinó la responsabilidad de Irán, de exfuncionarios de ese país y de Hezbollah en el planeamiento y en la ejecución de la masacre«, inicia el texto.
A su vez, las organizaciones centrales de la comunidad judía argentina aseguran que el «expediente judicial acredita múltiples pruebas y contiene numerosas evidencias que, derivadas y constatadas a través de diversas fuentes, permitieron establecer el rol de Irán y su activa participación en la decisión, organización y financiamiento del ataque terrorista», del que se cumplieron 28 años la semana pasada.
Pruebas
«Resulta fundamental respetar y dar continuidad a los elementos de prueba que figuran en la causa y a las conclusiones a las que arribó la Justicia argentina, que luego fueron confirmadas por Interpol con la emisión de sus alertas rojas, de modo que permanezcan vigentes las órdenes internacionales de captura que pesan sobre los acusados, para que puedan ser juzgados en nuestro país con las debidas garantías constitucionales», sostienen.
El servicio de inteligencia israelí afirmó que los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel fueron perpetrados por una célula de Hezbolá sin la ayuda de funcionarios argentinos o agentes iraníes en Buenos Aires.
El documento, publicado por el diario estadounidense The New York Times, aseguró que ambos ataques «fueron llevados a cabo por una unidad secreta de Hezbolá», sin la colaboración de «ciudadanos argentinos ni asistidos en el terreno por Irán». Según esa información, difundida el viernes pasado, los ataques perpetrados en 1992 y 1994 no contaron con la participación de agentes activos locales, tal como considera la Justicia argentina.
