La agrupación kirchnerista “Populismo K” viajará la a Nicaragua para oficiar como uno de los veedores internacionales de las elecciones del próximo 7 de noviembre, en las que Daniel Ortega buscará su cuarto mandato consecutivo.
Los comicios en el país centroamericano se desarrollan en medio de un clima de represión, violación de derechos humanos y persecución política: hay siete precandidatos a la presidencia privados de su libertad que no podrán participar de la contienda.
La semana pasada, Argentina se abstuvo de votar una resolución de la OEA que exigía la liberación de los presos políticos, que contó con el apoyo de 26 de los 34 miembros activos del bloque regional.
La Casa Rosada compartió su abstención junto con siete países; entre ellos, Bolivia y México.
La invitación a Populismo K llegó por parte del embajador de Nicaragua en Argentina, Orlando Gómez, quien se la cursó al secretario general de la agrupación, Hipólito Irigoyen.
El líder de la agrupación kirchnerista ratificó que el propio Gómez le transmitió -con el aval de Ortega- “la importancia de estar en Nicaragua para ser parte de garantizar la transparencia de las elecciones”.
“Populismo K” es un grupo de la ciudad de La Plata conformado por militantes afines al kirchnerismo más duro, que en los últimos años cobró trascendencia por exigir la liberación de ex funcionarios de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. Concretamente, piden indultos o amnistías y una reforma judicial urgente.
El jueves pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que las elecciones previstas para el 7 de noviembre en Nicaragua buscan perpetuar en el poder a Ortega.
La advertencia se hizo en un documento que trascendió a horas de que cuatro organizaciones latinoamericanas denunciaran irregularidades en el proceso electoral, en el que Ortega pretende su cuarta reelección sin contrincantes, tras haber encarcelado a siete aspirantes de la oposición.
Para la CIDH, en el país centroamericano existe una “impunidad estructural” en medio de un “clima de represión y cierre de los espacios democráticos”.
El informe hace un repaso histórico de lo que ha ocurrido en Nicaragua y estimó que se concretaron reformas cuyo único propósito es facilitar la concentración del poder.
Indicó además que el sometimiento de la Justicia y de cualquier otro poder público a la voluntad y control del Gobierno es total
Cabe recordar que hace 10 días, luego de que Argentina se abstuviera en la votación de una resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) exigiendo la libertad de presos políticos en Nicaragua, José Miguel Vivanco, director para las Américas de la ONG Human Rights Watch (HRW), definió lo sucedido como “lamentable”.
“Es lamentable que Argentina no haya apoyado una resolución de la OEA contra la represión en Nicaragua”, escribió en su cuenta oficial en Twitter el abogado chileno.
“Durante su historia democrática, Argentina normalmente ha tenido una posición clara de defensa a los DDHH. La política exterior zigzagueante del actual gobierno es preocupante”, expresó también.
El dictamen de la OEA se resolvió con 26 votos a favor. Argentina optó por unirse al listado que componen Belice, Bolivia, República Dominicana, Guatemala, Honduras y México y el único ausente fue Nicaragua.
En medio de aquella controversia, la policía del régimen nicaragüense detuvo en Managua a Michael Healy, titular del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), por cargos de lavado y traición a la patria.
La medida se concretó cuando Healy asistió a una citación de la Fiscalía, que actuá bajo el férreo control del Ejecutivo.