ESCUCHAREl caso se ventilará en la Cámara 6ª del Crimen, con jurados populares. Pablo Márquez está acusado de abuso de autoridad agravada y coacción reiterada. La denuncia fue interpuesta por dos subalternos.
Comenzará a ser juzgado hoy un jefe policial acusado de exigir detenciones arbitrarias a sus subordinados, en medio de una presunta «competencia» entre jurisdicciones de la Policía de la Provincia por la cantidad de «aprehensiones».
El caso tiene como acusado al comisario Pablo Márquez y se desarrollará en un juicio que contará con jurados populares en la Cámara 6ª del Crimen, cuyo tribunal será presidido por el juez Julio Guerrero Marín.
El acusador será el fiscal de Instrucción Marcelo Hidalgo, luego de que la fiscal original, María Inés Ferreyra, tomó licencia por cuestiones de salud. En representación de los dos uniformados que denunciaron a su superior, en 2012, estará como querellante el abogado
Carlos Nayi. En tanto que Héctor Luna defenderá al exjefe policial del Distrito 8.
Márquez está acusado de los supuestos delitos de abuso de autoridad agravada -que prevé una pena de un mes a dos años de prisión- y coacción reiterada -pena de 2 a 4 años-.
El funcionario había sido denunciado en tres ocasiones por sus subordinados, quienes aseguraron que el comisario -que en ese momento era titular del Comando de Acción Preventiva (CAP) del Distrito Ocho de barrio Panamericano- los obligaba a realizar detenciones hubiera o no hubiera contravenciones. Para ello se utilizaban figuras del Código de Faltas, como el merodeo o el escándalo en la vía pública.
El caso llegará a debate luego de que fue elevado a juicio a mediados de 2013 y ratificado por la Cámara de Acusación a principios de este año. El fiscal Pablo Molina ya había pedido dos veces la elevación a juicio pero el juez Carlos Lezcano había remitido la causa al Ministerio Público para profundizar la investigación.
Ranking de detenciones
Según la instrucción, el comisario Márquez ordenaba la detención de personas en la vía pública, hubieran cometido o no algún delito. El exjefe policial obligaba a sus subalternos a practicar detenciones ilegales y aprehensiones arbitrarias con el objetivo de elevar las estadísticas y demostrar “eficiencia policial”.
En ese sentido, existía un ranking de qué patrulla o equipo obtenía mayores detenciones, y así se disponía un régimen de premios y castigos.
Las denuncias -que no tienen antecedentes- fueron impulsadas por la oficial subinspectora Natalia Zárate y el sargento ayudante Jesús Calvo, bajo el asesoramiento de Nayi, cansados de sufrir castigos ante la falta de «producción» positiva. El castigo más común era la recarga horaria los fines de semana o los días feriados.
El juicio a Márquez se ventilará en un año de duros cuestionamientos a la Policía por aplicación del Código, las «razzias» policiales y como antesala de una nueva edición de la «Marcha de la Gorra» a mediados de noviembre próximo.
