jueves 26, diciembre 2024
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Comercio y Justicia 85 años

Juristas critican la iniciativa de bloquear preventivamente el acceso a sitios de Internet

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Legisladores del oficialismo en la CABA proponen que se modifique el procedimiento contravencional. Académicos alertan sobre que pone en riesgo la libertad de expresión

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), los legisladores Daniel Presti (PRO) y Claudio Palmeyro (FpV) presentaron una iniciativa que prevé modificar el procedimiento contravencional, incorporando entre las medidas precautorias la posibilidad de bloquear o denegar el servicio de Internet cuando -en el ámbito de la capital o cuando allí se produzcan sus consecuencias- “se realicen conductas ilícitas utilizando ese medio”.
En una carta, la ONG Access Now, el Centro de Tecnología y Sociedad (Universidad de San Andrés); el Centro de Estudios para la Libertad de Expresión y Acceso a la Información (Universidad de Palermo) y el investigador del Conicet Martín Becerra alertaron sobre que esa iniciativa pone en riesgo la libertad de expresión, al permitir que autoridades administrativas -entre ellas, la policía- puedan censurar contenidos para prevenir contravenciones locales.
Además, sostuvieron que “desconoce que la Constitución Nacional ha reservado a la Nación en el artículo 75, inciso 13, la regulación del comercio interjurisdiccional, materia dentro de la cual se encuentran las comunicaciones”.
También subrayaron que la facultad de prevención de contravenciones “mediante la supresión del discurso” violenta todos los estándares de libertad de expresión, que exigen que en caso de que sea necesario limitarlo, ello debe ser dispuesto por autoridades judiciales y, excepcionalmente, por autoridades administrativas con facultades jurisdiccionales.
La propuesta parece haber surgido en el marco de las reacciones que generó la llegada a Argentina de la aplicación Uber, ya que Palmeyro, uno de sus impulsores, es cercano al jefe del sindicato de taxistas, Omar Viviani.
La app que ofrece un servicio de conexión entre pasajeros y conductores a través de un teléfono celular es resistida por los taxistas y también por muchos espacios políticos.

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