ESCUCHARLa Justicia estadounidense lo acusa de 18 delitos, incluido uno de espionaje, relacionados con la publicación de WikiLeaks de información confidencial, registros militares y cables diplomáticos en las guerras de Irak y Afganistán
El proceso legal que enfrenta Julian Assange en el Reino Unido para no ser extraditado a Estados Unidos entró en su tramo final.
El equipo legal del fundador de WikiLeaks presentó una nueva solicitud de apelación ante el Tribunal Superior de Londres, luego de perder un recurso similar.
Si el planteo prospera, pasará a una audiencia pública ante dos nuevos jueces. En caso de no tener éxito, el periodista será extraditado a Estados Unidos, donde podría recibir una severa condena por 18 delitos, incluido espionaje; concretamente, más de 170 años de cárcel.
Assange es requerido por publicar documentos clasificados en 2010 y 2011, que -según los fiscales estadounidenses- violaron la ley y pusieron en peligro vidas.
Cabe recordar que hace un año la ex ministra del Interior británica del Gobierno de Boris Johnson, Priti Patel, aprobó la extradición de Assange, refrendando la orden que dictó en junio de 2021 un juez del Tribunal de Magistrados de Westminster.
La decisión prácticamente agotó las vías legales de Assange para evitar un juicio en tribunales estadounidenses.
Desde hace años, la justicia de Estados Unidos busca enjuiciar al reportero por la difusión de documentos clasificados.
Para la administración del demócrata Joe Biden, Assange no es un periodista sino un pirata informático que puso en riesgo la vida de informantes. Así, siguió la línea que mantuvo la de Donald Trump.
Cables
Los acusadores estadounidenses afirman que Assange ayudó ilegalmente a la analista de inteligencia del Ejército Chelsea Manning a robar los cables diplomáticos clasificados y los archivos militares que WikiLeaks publicó más tarde con un falso CD de la cantante Lady Gaga.
Manning fue detenida en 2010 y sentenciada a 35 años de prisión en 2013.
La ex soldado, llamada Bradley antes de hacer pública su transexualidad, es considerada una pieza clave de WikiLeaks: fue la primera gran fuente del portal de Assange.
Pasó siete años en prisión hasta que el ex presidente Barack Obama le concedió un perdón. Luego volvió a la cárcel por negarse a testificar ante un gran jurado sobre una investigación a WikiLeaks y recuperó la libertad en 2020.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian que el caso es un ataque a las libertades de prensa y de expresión y al derecho a la información.
Por su parte, los letrados de Assange argumentan que no debería haber sido acusado porque actuaba como periodista y está protegido por la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza la libertad de prensa.
Problemas
Los problemas legales de Assange comenzaron en 2010, poco después de que WikiLeaks publicó 700 mil documentos, entre los cuales había un video en el que se veía cómo helicópteros de combate estadounidenses disparaban contra civiles en Irak, en 2007, y mataban a una docena de personas en Bagdad, incluidos dos periodistas de la agencia de noticias Reuters.
Fue detenido en abril de 2019, después de pasar siete años en la embajada de Ecuador en Londres.
Allí se refugió en 2012, vulnerando las condiciones de la libertad bajo fianza impuestas por el Judicial inglés mientras examinaba una petición de extradición de Suecia, que lo reclamaba por delitos en contra de la integridad sexual, imputaciones que luego fueron desestimadas.
También allí vivió hasta su espectacular detención por la policía británica, cuando el ex presidente Lenín Moreno le retiró el apoyo que le había concedido su predecesor, Rafael Correa.
Defensa
La defensa de Assange sostiene que la ex ministra Patel se equivocó al aprobar la extradición, ya que violaría el tratado de extradición entre Estados Unidos y Reino Unido, que establece que no se concederá si el delito por el que se solicita es político.
Además, insiste en que es perseguido por ejercer su derecho a la libertad de expresión y que la solicitud de extradición en sí misma constituye un abuso de proceso.
También acusa al gobierno de Estados Unidos de distorsionar los hechos fundamentales del caso ante los tribunales británicos.
Parlamento
En abril pasado, más de 30 miembros de ambas cámaras del Parlamento británico le reclamaron a Estados Unidos que deje de reclamar la extradición de Assange y que sea liberado y regrese a Australia, su país natal.
Diputados y lores le enviaron una carta al fiscal general y secretario de Justicia norteamericano, Merrick Garland, pidiéndole que le ponga fin al procedimiento de extradición del hombre de 51 años.
“Se cumple el cuarto aniversario de la detención de Assange, periodista y editor galardonado, en la prisión de Belmarsh en Londres, donde espera una decisión sobre su extradición a Estados Unidos”, recordaron en la misiva.
Además, juzgaron que la extradición tendría “claramente un impacto escalofriante en el periodismo” y que sentaría “un precedente peligroso” para otros reporteros y medios de comunicación.
Además, estimaron que “socavaría la reputación de Estados Unidos en materia de libertad de expresión y Estado de derecho”.
El laborista Richard Burgon, uno de los firmantes de la carta, dijo que los demás participantes de la iniciativa estaban “cada vez más alarmados” por el posible traslado de Assange. “Cualquier extradición supondría, de hecho, someter a juicio la libertad de prensa”, afirmó.
Editores
En tanto, en noviembre del año pasado, editores y directores de medios que publicaron información filtrada por WikiLeaks pidieron en una carta abierta al Gobierno de Estados Unidos el fin de lo que definieron como “persecución”.
Representantes de The New York Times, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel y El País advirtieron de que la incriminación del hacker más famoso de la historia reciente es “un peligroso precedente” que amenaza con socavar la libertad de prensa.
Suicidio
A principios de 2021, la magistrada londinense Vanessa Baraitser se opuso al pedido de los fiscales estadounidenses citando los riesgos que suponen las cárceles de EEUU y el precario estado de salud mental de Assange, lo que, según estimó, podría darle “motivos para cometer suicido” por la “determinación obsesiva de su trastorno de espectro autista”.
No obstante, rechazó el pedido de los abogados del encausado para que se le otorgara la libertad bajo fianza.
Al desestimar la posibilidad de que el periodista se trasladara a la vivienda de su pareja, con quien tiene dos hijos, la fiscalía puso de relieve que disponía de recursos para huir y citó la oferta de asilo político que le hizo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
El abogado Edward Fitzgerald alegó sin éxito que las palabras del mandatario se malinterpretaron y precisó que su propuesta se aplicaría sólo al final del proceso y que en ningún caso abriría las puertas de la embajada mexicana en Londres.
Siete meses después, el magistrado Timothy Holroyde objetó el informe que confirmó el presunto “riesgo de suicidio”.
Consideró que la salud mental del encausado no era tan endeble como para no poder afrontar un proceso judicial en EEUU y desafió las conclusiones de Baraitser y del dictamen que las ratificó.
En su opinión, se le otorgó demasiada importancia al estudio psiquiátrico.
A fines de 2021, la justicia británica revocó su decisión de no extraditar a Assange.
El país requirente ganó la apelación que promovió después de prometer no alojarlo en una prisión de máxima seguridad.
