ESCUCHARLos diputados nacionales Martín Tetaz (Evolución Radical) y Hugo Romero (UCR) presentaron proyectos para que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, sean citados a la Cámara Baja, con el fin de que brinden información y den explicaciones sobre la situación en Jujuy y Chaco.
Tetaz solicita que Pietragalla comparezca para precisar si viajó en el avión presidencial Tango 04 o en algún otro medio de transporte a la provincia de Jujuy durante el pasado fin de semana largo.
También reclama que el funcionario provea el listado completo de quienes lo acompañaron e indique dónde se hospedaron, así como los motivos del traslado y si se reunió con las autoridades de la provincia a los efectos de interiorizarse sobre los violentos hechos ocurridos.
Además, pide saber cuántos recursos del Estado Federal se gastaron durante su presencia en Jujuy.
“Tenemos serias dudas que la presencia de Pietragalla haya tenido que ver con la defensa de los derechos humanos. Por el contrario, sospechamos que formaron parte de la organización de los hechos vandálicos ocurridos en los bienes públicos de la provincia”, manifestó Tetaz.
Además, el legislador busca que el secretario de DDHH informe si tiene un viaje programado a la provincia de Chaco y si sabe lo que ocurrió allí en términos de derechos humanos.
“Nos llama la atención que no haya pasado por Resistencia donde una mujer ha desaparecido”, expuso el economista en su iniciativa, acompañada por María Eugenia Vidal, Sabrina Ajmechet, Graciela Ocaña y Pablo Torello, entre otros.
En tanto, el proyecto del radical Romero pide además que Soria vaya al Legislativo a fin de que detalle si el Gobierno nacional intervino “mediante organización, financiamiento, inteligencia y/o cualquier otra medida de colaboración” en los disturbios acaecidos en Jujuy. A su vez, quiere saber si se tomaron medidas para garantizar la forma republicana de gobierno que, según sostuvo, se “encuentra alterada” en Chaco.
La iniciativa de Romero es acompañada por, entre otros, los diputados Karina Banfi, Soledad Carrizo y Julio Cobos.
Aníbal Fernández
Horas antes, el titular del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, y el legislador bonaerense Finocchiaro presentaron un proyecto para que el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, sea citado a la Cámara Baja y brinde informes sobre la situación que atravesó Jujuy.
En los fundamentos, consignaron que “ante el evidente ataque a bienes e instituciones, que además puso en riesgo a pobladores y turistas en Jujuy, el Ministerio de Seguridad Nacional no cumplió con roles autorizados por el Poder Judicial a los efectos de asegurar la circulación”.
Además, consideraron “de público y notorio conocimiento” que algunos “de los mal denominados manifestantes” son sujetos con “delitos y denuncias que circularon sin el debido control por parte de las fuerzas de seguridad a su cargo”.
Por otro lado, afirmaron que las declaraciones públicas de Fernández sobre lo ocurrido “chocan con la manda constitucional de actuar ante situaciones como las padecidas el pasado 20 de junio”.
Bajo esa premisa, también le cursaron reproches al ministro respecto a los ingresos al país por vía terrestre desde Bolivia y requirieron precisiones sobre el relevamiento de antecedentes penales y las medidas ejercidas para proteger la soberanía en la zona de fronteras.
“Consideramos que algunos agresores tenían antecedentes y circularon sin el debido control de las fuerzas de seguridad a su cargo. También preguntaremos por los ingresos por tierra desde Bolivia. Es necesario saber si se cumplieron los protocolos para proteger la soberanía”, manifestaron Ritondo y Finocchiaro.
Denuncias
Ayer, el diputado nacional José Luis Espert (Avanza Libertad) y el precandidato Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Republicano Federal) presentaron denuncias ante la Justicia federal para que investigue los incidentes en Jujuy.
Por separado, ambos dirigente plantearon que podría estarse ante la comisión del delito de sedición.
Espert radicó su exposición en Comodoro Py.
Alegó que las máximas autoridades del país promovieron actos de violencia en la provincia norteña desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que “alentaron a los sediciosos” a seguir vandalizando propiedad pública y privada.
Por su parte, Pichetto denunció en territorio porteño al entender que la supuesta planificación, programación y financiamiento de los incidentes se concretó en esa jurisdicción, más allá de su consumación.
Según Pichetto, “desde diferentes áreas del Gobierno Nacional se programó la acción criminal y su financiamiento, lo que incluyó la organización de los militantes y la logística”.
A diferencia de Pichetto, Espert acusó por sus nombres a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo nacional: Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Eduardo “Wado” De Pedro y el ministros Fernández, como también a Pietragalla.
También incluyó a los diputados nacionales de izquierda Myriam Bregma, Nicolás del Caño y Romina del Pla y adelantó que le pedirá al Congreso que los expulse “por promover la sedición en Jujuy”.
“La gente tiene que entender que es muy grave lo que pasó en Jujuy. Ante un acto democrático y legítimo de modificar la Constitución por los representantes del pueblo, que son los legisladores provinciales, un grupo de inadaptados violentó las instituciones. Quemó autos, tiró piedras, se enfrentó con la policía y desafió el orden constitucional”, declaró el liberal.
“Los grupos de izquierda siempre funcionan como una pequeña lista colectora del kirchnerismo. Salen a pervertir el orden de los que trabajan, de los que quieren estudiar, los que luchan por progresar en sus empresas, negocios y de los que queremos que la Argentina funcione y se ponga de pie. Siempre están ahí. Destrozando. Por eso desde el ala liberal de Juntos por el Cambio le decimos basta. El orden es fundamental para que un país prospere”, sumó.
Caso Strzyzowski
La semana pasada, Espert presentó un pedido de interpelación a la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad Ayelén Mazzina Guiñazú y a Petragalla, para que den explicaciones sobre el rol, apoyo y contención que las áreas que dirigen están llevando adelante en caso de Cecilia Strzyzowski, de 28 años, desaparecida desde el 1 de junio y por cuyo presunto crimen están imputados el ex precandidato a diputado chaqueño y dirigente social oficialista Emerenciano Sena, su esposa Marcela Acuña y su hijo César, ex esposo de la mujer.
“Es inaceptable esta Argentina feudal, medieval, asesina e impune. También es inaceptable que los responsables de áreas tan sensibles se queden mirando el techo si hacer nada”, enfatizó Espert, y reclamó que ambos funcionarios deben trabajar para determinar “si efectivamente existe connivencia con la política de Chaco”.
Otros diputados y senadores ya reclamaron que se cite al Congreso a Mazzina, para que informe sobre la actuación de la cartera que encabeza en el caso Strzyzowski.
El último pedido es un proyecto de resolución encabezado por el fueguino Pablo Blanco (UCR).
Blanco resaltó que aunque la madre de la joven declaró públicamente “a cuanto medio periodístico la consultó” que está convencida de que su hija está muerta”, no hay información oficial sobre su paradero “ni voces oficialistas que clamen por ella”.
El radical recalcó que se trata de una desaparición presuntamente seguida de muerte “perpetrada por una persona allegada a una fracción política de importante peso en la provincia de Chaco”, liderada por Sena, conocido líder piquetero con “aceitados vínculos con el gobernador José Capitanich.
“No pasa desapercibido el estruendoso silencio del oficialismo político chaqueño sobre el caso y la ausencia absoluta de acciones por parte del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad frente a este caso que sacude al país”, continuó.
Blanco enfatizó que el Gobierno le giró millones de pesos del presupuesto de la Nación a la cartera y criticó no solo su silencio, son también que no haya articulado políticas en relación a territorios como Chaco, que según el último informe de femicidios de la Corte Suprema está entre los que lidera las tasas.
“Es claro que a la ministra Mazzina no le interesan los derechos de las mujeres, a ella le importa ocupar un cargo usando a las mujeres como excusa y teniendo una visión selectiva de cuándo deben defenderse o no”, opinó.
