Los 16 diputados oficialistas impusieron su mayoría en la Comisión de Juicio Político.
El oficialismo de Diputados impuso su mayoría en la comisión de Juicio Político y aprobó –16 votos contra 15– la resolución que admite las denuncias contra los cuatro jueces de la Corte Suprema y da apertura a la investigación, la producción de pruebas y la citación de testigos.
El Frente de Todos declaró admisibles los 14 proyectos que estaban sobre la mesa en contra de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. En total suman más de 60 denuncias.
«El tenor de las denuncias ,de ser probadas, serían el preludio de una situación de extrema gravedad institucional que implica la ruptura de la armonía que debe asegurar dentro de un Estado Federal y un régimen republicano y democrático», sostuvo la presidenta de la comisión, la oficialista Carolina Gaillard.
Se trata de los siete expedientes presentados por organizaciones y ciudadanos particulares -incluida la senadora Juliana Di Tullio- y los siete escritos por diputados, entre ellos, dos expedientes de la Coalición Cívica, que apuntan únicamente contra Ricardo Lorenzetti.
Los diputados de Elisa Carrió -que acusan a Lorenzetti por «irregularidades administrativas»- sostuvieron su denuncia, pero se negaron a quedar pegados al kirchnerismo. Por eso, ante el sistema de votación unificado de todos los expedientes planteado por el FdT terminaron votando en contra, junto al resto de los legisladores de Juntos por el Cambio y el diputado federal Alejandro «Topo» Rodríguez.
“Decidieron votar en paquete y me parece una mala decisión. Se pierden la oportunidad de hacer al menos un juicio político sobre cuestiones concretas y no que violen la independencia del Poder Judicial», apuntó el jefe de bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, quien ya había adelantado que no iban a «ir contra una Corte entera para presionarla».
«Es una maniobra orquestada de manera muy torpe, rudimentaria y burda. Pretenden juzgar a todos los miembros de la Corte a como dé lugar sobre la base de acusaciones falsas porque lo que les molesta es el contenido de las sentencias», sentenció López.
Dado que la aprobación en el recinto es imposible, porque el oficialismo necesita dos tercios y no los tiene, la oposición insistió en que es un mero «circo» para «presionar» a los jueces. También apuntan que el oficialismo no puede enjuiciar a los jueces por sus fallos.
“Este proceso es producto de 16 años de conflicto entre el kirchnerismo y el Poder Judicial y ahora se agudiza porque se conoció una sentencia condenatoria de la Vicepresidenta”, planteó el radical Mario Negri.
El oficialista Leopoldo Moreau recogió el guante: “No son sentencias abstractas. Estamos hablando de sentencias que han sido negociadas por el presidente de la Corte, a través de su mano derecha, con funcionarios del Gobierno de la Ciudad”, retrucó en alusión a los chats filtrados ilegalmente entre el ministro de Justicia de la Ciudad, Marcelo Silvio D’Alessandro y el vocero del juez Rosatti.
El radical K y una de las principales espadas judiciales del kirchnerismo consideró, a su vez, que la Corte «se ha transformado en un cuarteto de fulleros que juegan al truco con la Constitución y encima se mienten entre ellos y cada tanto hacen el juego de la sillita para cambiar mayorías».
El grueso de las denuncias apuntan a los magistrados por tres fallos: el que declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura impulsada en 2006 por la entonces senadora Cristina Kirchner, el que obligó a la Nación a incrementar la coparticipación a la Ciudad, el fallo del 2×1 en el caso «Muiña» por lesa humanidad. También por supuestos desmanejos en la Obra Social de los judiciales, aunque la justicia no encontró allí ninguna irregularidad.
