ESCUCHAREn el caso de los judiciales, la medida alcanza a los magistrados de todas las instancias, funcionarios constitucionales, de ley y jueces de Paz. También, a todos los poderes del Estado y al cuerpo policial
M ediante la publicación en el Boletín Oficial del decreto N° 2713/1, firmado por el gobernador de la Provincia de Tucumán, Juan Manzur, entró en vigencia en esa provincia la ley N° 8850, que dispone la realización de exámenes antidrogas para los funcionarios jerárquicos de los tres poderes del Estado y del cuerpo policial.
“El citado instrumento legal establece como requisito de permanencia en los niveles políticos y/o jerárquicos de la función pública, el carecer de adicciones a drogas ilegales (artículo 1° de la ley 8.850). Que, por su parte, el artículo 2° consigna los funcionarios alcanzados por el requisito y precisa que cada uno de los poderes del Estado designará al responsable de la aplicación de la misma”, relata el cuerpo del texto.
Sobre sus alcances, “la presente ley comprende: al Poder Ejecutivo, hasta el rango de Subsecretario y Comisionado Comunal; al Poder Legislativo, hasta el rango de Prosecretario; a los Gobiernos Municipales, hasta el rango de Subsecretario o Director; a los Concejos Deliberantes, hasta el nivel de Prosecretario; a los organismos autárquicos, centralizados y descentralizados hasta el nivel de Gerente, Secretario Administrativo, Director o equivalente, según corresponda; al Poder Judicial, incluyendo los Magistrados en todos sus niveles, Funcionarios Constitucionales, de ley y Jueces de Paz; al Personal Policial, en todas sus jerarquías”.
La Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Pablo Yedlin, será la autoridad encargada de aplicar esta nueva ley a los integrantes del Poder Ejecutivo. Por su parte, los poderes Legislativo y Judicial deberán establecer cómo aplicará la ley y cuál será la autoridad encargada de hacerlo.
El Ejecutivo tucumano aclaró que se creará un registro con el listado de los funcionarios que deberán realizarse los exámenes y será el Sistema Provincial de Salud (Siprosa) el organismo encargado de realizar los análisis.
“En caso de que alguna prueba resultare positiva, la autoridad pertinente de cada poder del Estado deberá separar del cargo al funcionario y darle la opción de que se someta a un tratamiento de recuperación”, explicó.
